La Procuraduría General del Estado (PGE), en ejercicio de su rol de defensa de los intereses del Perú, presentó ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sus alegatos finales en el proceso seguido contra los acusados por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, encabezado por el exmandatario Pedro Castillo Terrones, la ex premier Betssy Chávez Chino, el jefe de asesores de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, el ex jefe de la región policial de Lima, Willy Huerta Olivas, Manuel Lozada Morales y el ex jefe de la Unidad Policial Canina, Jesús Venero Mellado.
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En su intervención, la PGE solicitó al Poder Judicial que se declare la responsabilidad civil extracontractual de los procesados y se ordene el pago de una reparación civil ascendente a S/64 419 038.53 soles por el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado peruano y a su orden constitucional.
Asimismo, se pidió un monto adicional de S/1 millón de soles por los delitos conexos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, imputados a Pedro Castillo.
Defensa del Estado y del orden democrático
Durante la exposición a cargo del abogado Mario Rafael Camacho Lazarte, representante de la Procuraduría General del Estado, resaltó que el 7 de diciembre de 2022 remarcó uno de los episodios más graves de la historia republicana reciente, cuando el entonces presidente dispuso disolver el Congreso de la República y reorganizar los poderes del Estado, afectando los cimientos de la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
“El Estado peruano sufrió un daño extrapatrimonial de enorme magnitud: la afrenta a la democracia, la pérdida de confianza institucional y el impacto simbólico en la imagen del país”, sostuvo la Procuraduría, destacando que la reparación civil solicitada tiene una función indemnizatoria, simbólica y ejemplarizante.
Prueba y responsabilidad acreditadas
El actor civil presentó un extenso conjunto de pruebas testimoniales, documentales y periciales, que evidencian la planificación y coordinación previa entre el expresidente y su entorno cercano.
Entre ellas destacan:
- Declaraciones de altos mandos policiales y militares que confirmaron la recepción de órdenes para impedir el ingreso de congresistas y detener a la Fiscal de la Nación.
- Pericias digitales que acreditan la redacción anticipada y envío irregular del mensaje presidencial.
- Testimonios de funcionarios del IRTP y congresistas que vivieron en directo la interrupción del orden institucional.
Asimismo subrayó que los procesados actuaron con dolo y plena conciencia de la ilicitud de sus actos, configurando una responsabilidad civil solidaria frente al daño causado al Estado.
Una reparación que restituye la dignidad del Estado
La Procuraduría explicó que la cifra solicitada busca resarcir simbólicamente a los más de 35 millones de peruanos afectados por el intento de quiebre constitucional, reafirmando que la defensa del Estado no se limita a lo penal, sino que también comprende el derecho del Estado a ser reparado moralmente.
“El daño causado no tiene factura, pero sí consecuencias profundas en la estructura moral del país. La reparación que pedimos no es venganza: es restitución. Es el reconocimiento de que la Constitución no se vulnera sin consecuencia alguna”, afirmó la Procuraduría en su alegato final.
Mensaje de firmeza y precedencia internacional
La institución subrayó que este proceso marca un precedente histórico y ejemplar en la región, al demostrar que incluso el más alto funcionario del país puede ser responsabilizado civilmente cuando atenta contra el orden democrático.
“El Perú tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro al mundo: que la Constitución no es un texto simbólico, sino la regla suprema que garantiza la convivencia y la estabilidad de nuestra República”, enfatizó la representación del Estado.
Acción contra actos de evasión patrimonial
Asimismo, la Procuraduría solicitó al Tribunal declarar nula la transferencia de un bien inmueble realizada por la acusada Betssy Chávez en Tacna, por considerarla una maniobra para evadir el pago de la reparación civil. Según lo expuesto, la operación careció de sustento económico real y se efectuó en plena etapa procesal.
Con esta actuación, la Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, la democracia y los intereses de todos los peruanos, sentando un precedente de firmeza institucional frente a los actos que vulneren la Constitución y la estabilidad del país.
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