Luego de los primeros resultados a boca de urna (Ipsos) que le dan serias posibilidades de pasar a segunda vuelta al candidato presidencial Pedro Castillo Terrones, compartimos con ustedes el ideario y programa del partido político Perú Libre.
En lo tocante al sistema de justicia, entre otras cosas, el partido plantea varias medidas que requieren reformas constitucionales.
“Históricamente la justicia ha sido el deseo de la clase dominante elevada a rango de ley”. Con esas palabras comienza el capítulo XV del ideario dedicado al sector justicia (“Sobre política de justicia”).
En esa sección, el partido sostiene que de los tres poderes del Estado “existe uno que no quiere someterse a la elección popular, el Poder Judicial”. Así, propone que los altos funcionarios del sistema de justicia deben “pasar el filtro democrático y no ser designado por un pequeño grupo de personalidades electas afines al sistema o la clase dominante del país”. Según el partido, esto traería un triple beneficio: legitimación popular, autonomía frente al poder político y “despartidarización”.
Más adelante, en el programa se plantea la “supresión de privilegios económicos a magistrados”:
En un país donde el maestro y el médico ganan sueldos entre 2 y 5 mil soles, respectivamente, no es justo que los jueces ganen sueldos astronómicos. El presidente de la Corte Suprema gana 47 mil soles, jueces supremos 42 mil soles, jueces superiores 18 mil soles, además que el Estado les otorga vehículos lujosos de 60 mil USD, combustible, chofer, mayordomo, bonificaciones y personal de seguridad, entre otros privilegios que deben suprimirse en un acto de justicia.
A continuación, compartimos el capítulo XV del programa y más adelante el link para descargarlo íntegramente.
CAPÍTULO XV
SOBRE POLÍTICA DE JUSTICIA
Históricamente la justicia ha sido el deseo de la clase dominante elevada a rango de ley. En el socialismo la justicia debe impartirse de manera transparente, científica, con valores y principios de la nueva sociedad, evitando solidaridad de logias, de partidos políticos o
empresas económicas.
Elección y revocatoria de altos magistrados por voto popular. Uno de los principios medulares del sistema democrático radica en el reconocimiento de las decisiones de la mayoría. En nuestro país de los tres poderes del Estado, existe uno que no quiere someterse a la elección popular, el Poder Judicial. La designación de este poder, que
en última instancia decide asuntos trascendentes para el Estado, debe pasar el filtro democrático y no ser designado por un pequeño grupo de personalidades electas afines al sistema o la clase dominante del país. Esto conlleva a tres beneficios importantes, ser una autoridad legítimamente constituida, autónomas frente al poder político y despartidarizada. Los mecanismos de elección deben precisarlo el Legislativo o la Asamblea Constituyente.
Los altos magistrados del Poder Judicial no deben ser ratificados, como ocurre con el Ejecutivo y Legislativo, porque está demostrado que toda reelección es directamente proporcional a institucionalizar la corrupción. La actual ratificación de magistrados ha demostrado ser un mecanismo que se presta a la prebenda de fallos judiciales, creación de mafias criminales, sujeción al poder político o la presión mediática, en muchos casos llegando a sentenciar inocentes o liberar criminales con tal de garantizar su permanencia en el cargo. Los magistrados al igual que todas las autoridades del legislativo o ejecutivo deben ser sometidos a la revocatoria de sus cargos cuando las condiciones así lo
PERÚ LIBRE Ideario y Programa exijan, nadie puede estar eternamente en un poder del Estado en democracia.
Suprimir privilegios económicos a magistrados. En un país donde el maestro y el médico ganan sueldos entre 2 y 5 mil soles, respectivamente, no es justo que los jueces ganen sueldos astronómicos. El presidente de la Corte Suprema gana 47 mil soles, jueces supremos 42 mil soles, jueces superiores 18 mil soles, además que el Estado les otorga vehículos lujosos de 60 mil USD, combustible, chofer, mayordomo, bonificaciones y personal de seguridad, entre otros privilegios que deben suprimirse en un acto de justicia.
Justicia en las comunidades originarias. El Estado socialista respeta las formas de impartir justicia en las comunidades originarias, nativas y campesinas, atendiendo a sus costumbres, cultura, organización e idiosincrasia, pues aparte de estar reconocidas, están protegidas por convenios internacionales y se organizan en rondas campesinas y comités de autodefensa. Las comunidades elaboran sus propias reglas de conducta en cabildos y asambleas y han resultado con mayor eficacia que la justicia convencional, logrando eliminar la delincuencia, el narcotráfico, el crimen, el adulterio, entre otras, de sus respectivas jurisdicciones en tiempo breve. Esta autonomía, desde luego, no debe
confundirse con impunidad.
Soberanía de nuestra justicia. El Estado peruano jamás debe abdicar sus competencias a los tribunales internacionales en cualquier circunstancia como lo hecho frente al derecho financiero donde hemos perdido jurisdicción constitucionalmente. En los tratados y convenios internacionales, estamos en la obligación de cumplir el derecho internacional, pero no podemos someternos al control jurídico de las grandes potencias económicas y de los grandes inversionistas transnacionales, parcializados con el gran capital.
Estabilidad jurídica nacional. Este principio jurídico debe cumplirse para salvaguardar los intereses del Estado peruano, no puede ser utilizado para justificar el saqueo impune y permanente de nuestros pueblos por empresarios trasnacionales. Lamentablemente, la actual Constitución ampara todos los contratos ley para que no puedan ser revisados y prohíbe taxativamente al parlamento tal acción, aun así, sean lesivos a nuestro país.
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