A través de un escrito formal presentado el 13 de junio, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides solicitó a la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, que se «abstenga de realizar actos de gestión y administración» propias del cargo de fiscal de la Nación. La petición se sustenta en la reciente resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que anuló su destitución y ordenó su reincorporación.
La solicitud fue canalizada por su abogado, Jorge del Castillo, quien remitió una «notificación de parte» a la Fiscalía de la Nación, requiriendo la ejecución inmediata de la Resolución 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio. En dicho documento, se declara la nulidad de oficio del proceso disciplinario que derivó en la destitución de Benavides y se dispone su rehabilitación para volver al cargo.
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«El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión», señaló la defensa legal de Benavides, citando el artículo 16.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En esa línea, se advirtió que cualquier acto de gestión o administración que Espinoza realice como titular del Ministerio Público podría configurar faltas administrativas e incluso ilícitos penales. En el oficio se exige expresamente:
Se abstenga de realizar actos de gestión y administración pertinentes al cargo de fiscal de la Nación, ya que de hacerlo, se estaría incurriendo en faltas administrativas e ilícitos penales.
Asimismo, la misiva indicó que la resolución de la JNJ también ordenó a la Fiscalía de la Nación reponerla en su cargo. «Se cancele y deje sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas a las administradas Liz Patricia Benavides Vargas […] quedando rehabilitados sus respectivos títulos para su inmediata reincorporación», precisó.
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Pese a que la Junta Nacional de Justicia aún no ha notificado formalmente al Ministerio Público, la defensa de Benavides considera que la eficacia del acto administrativo opera desde su emisión. Por ello, demandan su aplicación sin esperar un trámite adicional: «A fin de no vulnerarse mis derechos fundamentales, exijo se ejecute lo dispuesto en la Resolución 231-2025-JNJ», añade el escrito.
La controversia se origina en el contexto del fallo de la JNJ que anuló las destituciones de Patricia Benavides, su hermana Enma Benavides (exjueza superior), y Azucena Solari (exfiscal suprema provisional), por considerar que el procedimiento seguido presentó vicios que ameritan retrotraer la causa a una etapa anterior. La Junta también dispuso el nombramiento de un nuevo instructor para continuar con las investigaciones.
