La defensa de los intereses del Estado constituye una función fundamental que requiere no solo un sólido conocimiento técnico-jurídico, sino también una profunda vocación de servicio público. En ese marco, el Procurador Público desempeña un rol esencial dentro del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, en tanto es el responsable de representar legalmente a la entidad pública ante todas las instancias judiciales, arbitrales y administrativas, velando por la protección efectiva de los intereses del Estado.
Durante el primer semestre del año 2025, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú ha reafirmado su compromiso con esta misión, desplegando una labor intensa, estratégica y altamente profesional en defensa del patrimonio público. Estos logros no son aislados, sino que se desarrollan bajo la rectoría de la Procuraduría General del Estado (PGE), entidad que, conforme al Decreto Legislativo N.º 1326, ejerce la conducción técnico-normativa del sistema y garantiza un enfoque coordinado y coherente en la defensa jurídica del Estado a nivel nacional.
La defensa jurídica en el Arbitraje: resultados con impacto presupuestal
Uno de los ámbitos donde se evidencia con claridad el impacto directo de la defensa jurídica del Estado es el arbitraje. En el primer semestre del 2025, la Procuraduría Pública del MTC logró 11 laudos arbitrales favorables, con lo cual se evitó el desembolso de S/ 33’078,309.01 en controversias originadas en la ejecución de contratos con el Estado.
Este resultado no solo refleja la eficacia jurídica del equipo profesional de la Procuraduría Pública, sino también la correcta aplicación de estrategias legales coordinadas con los lineamientos de la PGE. A ello se suma la presentación de 1,894 escritos arbitrales, entre demandas, contestaciones y alegatos, lo que da cuenta de un trabajo técnico intensivo y minucioso.
Un hito importante fue la obtención de 8 sentencias favorables en procesos de anulación de laudo arbitral, lo que fortaleció la posición del Estado frente a decisiones contrarias al ordenamiento jurídico. En particular, destaca el caso Telefónica del Perú S. A., en el cual la Procuraduría Pública del MTC logró que la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declare fundada la demanda de anulación de un laudo adverso al Estado, reafirmando la legalidad de la actuación pública y protegiendo importantes recursos del erario.
Litigios laborales: contención del riesgo económico
En el ámbito laboral, se obtuvo 8 sentencias favorables en procesos que involucraban un total en litigio de S/ 852,052.35. Gracias a la gestión oportuna y estratégica del equipo, la contingencia económica fue reducida a S/ 251,433.49, neutralizando así más del 70 % del riesgo potencial.
La participación activa en 231 audiencias laborales y la elaboración de 2,392 escritos reflejan el alto nivel de compromiso del equipo de abogados con la defensa institucional frente a controversias laborales, en permanente articulación con la administración interna del MTC.
La coordinación permanente con las áreas administrativas y de recursos humanos del MTC, así como con sus proyectos especiales, ha sido un factor determinante para el éxito de la defensa jurídica del Estado. Esta articulación interinstitucional ha permitido el acceso oportuno a información clave, facilitando una respuesta jurídica adecuada en cada caso concreto.
Este esfuerzo conjunto no solo evidencia una adecuada gestión del litigio, sino que refleja un compromiso institucional orientado a la prevención y contención del riesgo jurídico-laboral, bajo un enfoque estratégico. Todo ello en estricta observancia de los principios de eficiencia administrativa, legalidad y protección del erario público, pilares esenciales de una defensa jurídica moderna y responsable.
Éxito en la defensa penal del Estado
En el ámbito penal, la Procuraduría Pública obtuvo 159 sentencias favorables, formuló 84 denuncias penales y elaboró 2,589 escritos, incluyendo apersonamientos, constituciones como actor civil y quejas de derecho.
Asimismo, participó activamente en 2,367 audiencias penales, consolidando una presencia jurídica sostenida en defensa de los intereses del MTC. Producto de estas acciones, se obtuvo una indemnización de S/ 1’269,407.77, lo que demuestra la eficacia en la reparación del daño ocasionado al Estado y la recuperación de recursos.
Seguridad pública: defensa preventiva y reactiva
En el marco de las funciones vinculadas a la seguridad pública, se gestionaron 75,746 notificaciones fiscales y judiciales, y se recaudaron S/ 19’469,185.25 por concepto de reparación civil.
Además, se concluyeron 5,987 investigaciones fiscales mediante la aplicación del principio de oportunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal. La carga procesal fue asumida con solvencia, al atender aproximadamente 19,662 audiencias, con un promedio diario de hasta 230 diligencias. Este esfuerzo fue complementado con la emisión de 7,396 escritos, lo que evidencia un desempeño ordenado, oportuno y sostenido.
Procesos civiles: protección del patrimonio público
En el ámbito civil, la Procuraduría Pública obtuvo 142 sentencias favorables, en procesos orientados a la defensa de los bienes y derechos de la entidad frente a terceros. Asimismo, se participó activamente en 481 audiencias judiciales y se interpusieron 25 demandas civiles, como parte de una estrategia jurídica integral dirigida a resguardar el patrimonio público y asegurar el cumplimiento de las finalidades estatales.
De igual manera, se alcanzaron 8 pronunciamientos favorables por parte del INDECOPI en procedimientos administrativos vinculados, lo que reafirma la actuación diligente y especializada del equipo jurídico en distintas áreas del Derecho.
Entre los logros más relevantes del periodo, destaca la liberación de 176 predios a favor del MTC, hecho que permitió viabilizar la ejecución de diversos proyectos de infraestructura de alcance nacional. Este resultado no solo refleja la eficacia de la defensa jurídica, sino que contribuye de forma concreta a la consolidación de la función pública del Estado como agente promotor del desarrollo, garantizando la continuidad de obras estratégicas para la conectividad y el crecimiento económico del país.
El procurador público: pilar de la defensa jurídica del Estado
La figura del Procurador Público constituye un eje fundamental en la arquitectura institucional del Estado, al ser el operador jurídico encargado de representar los intereses públicos en el marco del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Su labor trasciende la defensa reactiva ante controversias judiciales o arbitrales, para convertirse en un agente activo en la formulación de estrategias legales, la prevención de conflictos y la conducción de procesos complejos.
En el caso del MTC, el Procurador Público David Ortiz Gaspar ha liderado con solvencia y compromiso un equipo multidisciplinario de alta especialización, asegurando una actuación coordinada con los distintos órganos administrativos del sector. Esta articulación funcional ha permitido no solo una defensa eficiente y oportuna en los distintos procesos en los que interviene el MTC, sino también una alineación efectiva con los lineamientos técnico-normativos de la PGE, entidad que ejerce la rectoría del sistema.
La coordinación permanente con la PGE ha facilitado la implementación de políticas jurídicas coherentes a nivel nacional, elevando los estándares de actuación procesal y garantizando que la defensa jurídica del MTC se realice conforme a criterios de unidad, legalidad y eficacia institucional.
La Procuraduría General del Estado: rectoría técnica y misión compartida
Bajo la conducción de la PGE, la defensa jurídica del Estado se ha fortalecido institucionalmente. La PGE, en su rol rector, ha brindado directivas, acompañamiento técnico y monitoreo permanente, asegurando que las Procuradurías Públicas actúen bajo estándares de eficiencia, transparencia y unidad de criterio.
El caso de la Procuraduría Pública del MTC es muestra clara de cómo la rectoría de la PGE contribuye a la mejora de la gestión jurídica estatal, mediante la estandarización de prácticas, el uso eficiente de herramientas de gestión legal y la capacitación continua de su personal.
Conclusión: más que resultados, una convicción jurídica al servicio del país
Los resultados obtenidos por la Procuraduría Pública del MTC en el primer semestre de 2025 no son meros indicadores cuantitativos; representan la expresión concreta de una vocación de servicio jurídico al Estado, orientada a garantizar la legalidad, proteger los recursos públicos y fortalecer la institucionalidad.
Este logro es producto del trabajo articulado entre los Procuradores Públicos, sus equipos técnicos y la PGE. En conjunto, forman un sistema de defensa jurídica que opera con responsabilidad, compromiso y visión de largo plazo, como base fundamental de un Estado de derecho moderno, eficiente y transparente.
