El abogado Guido Croxatto cuestionó la reciente sentencia contra Pedro Castillo, luego de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenara a 11 años, 5 meses y 15 días por el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. En la misma resolución, Betssy Chávez y Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses y tres procesados, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, fueron absueltos. Además, los condenados deberán pagar S/ 12 000 000 por reparación civil.
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En entrevista con La Jornada, Croxatto sostuvo que el proceso es jurídicamente improcedente. «Es improcedente porque al ser un presidente mal destituido no procede un juicio penal. Primero tiene que haber una destitución constitucional», afirmó. Según explicó, la vacancia se ejecutó con menos votos de los que exige la ley y, en consecuencia, «para tapar esto, le hacen un juicio penal». El abogado añadió que «la justicia peruana no da garantías de imparcialidad ni de neutralidad».
El letrado argumentó que la sentencia opera como una «cortina de humo» frente a lo que considera un origen irregular del proceso. Desde su análisis, el fallo no resuelve el debate constitucional de fondo y mantiene abierta una controversia que, según anticipó, terminará en instancias internacionales. «Todo lo que se viene viviendo en Perú se va a terminar resolviendo en el foro internacional», afirmó.
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Croxatto confirmó que mantiene un «diálogo continuo» con la CIDH y adelantó que en los próximos meses se realizarán reuniones ante Naciones Unidas para continuar la defensa del expresidente, cuya familia permanece asilada en México. Para él, el contexto judicial peruano refleja un patrón más amplio: una persecución que, asegura, alcanza a figuras del sector progresista. «Todos los candidatos políticos de la oposición están siendo destituidos o inhabilitados», señaló.
El abogado también cuestionó la negativa peruana de otorgar un salvoconducto a personas asiladas, calificándola como una maniobra dilatoria. «Perú está obligado a otorgar el salvoconducto porque el asilo en México es legal. Perú no puede negarlo», expresó. Añadió que el Estado peruano actúa «como hacen los malos abogados, que cuando no pueden ganar un caso lo empiezan a dilatar».
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Sobre la posible modificación de la Convención de Caracas, Croxatto advirtió que un cambio normativo no tendría efectos retroactivos. Considera que este escenario evidencia «el desprecio a las instituciones del derecho que hay en Perú». En su lectura, la crisis no se limita al caso Castillo, sino que refleja un deterioro democrático más amplio.
Para la defensa, el fallo confirma un momento crítico en el país. Croxatto remarcó que el juicio a Castillo es solo una muestra de un problema mayor. «Es grave porque el caso Castillo es un capítulo nada más. Pero hay muchas vulneraciones. Todos los días sucede una nueva», puntualizó.
