El presidente José Jerí informó el inicio de las evaluaciones con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El anuncio fue difundido mediante su cuenta oficial, donde precisó que las primeras pruebas se realizarán en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.
El mandatario señaló que las evaluaciones estarán a cargo de las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional. Con ello, se dio pase a la disposición normativa que establece la aplicación de pruebas de confiabilidad al personal penitenciario. En el mensaje presidencial se indicó:
Hoy se inician las pruebas de polígrafo al personal del INPE. Las Unidades de Credibilidad del SINA inician el proceso de evaluación de credibilidad. Iniciamos en el EP Lurigancho, teniendo previsto realizar setenta y tres (73) evaluaciones por día.
Las pruebas se desarrollan en concordancia con el Decreto Supremo 124-2025-PCM, publicado el 21 de octubre, que declaó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. El numeral 6.2 establece: «El Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como a otros servidores o funcionarios que determine el CONASEC».
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Presuntas irregularidades
En setiembre, se conoció que el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Iván Paredes Yataco, mantiene una denuncia por estafa presentada por una exclienta. De acuerdo con Cuarto Poder, la denunciante Adela Huamancusi Quispe afirmó: «La libertad de mi esposo y la recuperación de su trabajo me va a costar 25 000 dólares (…) Doctor he conseguido 20 000 dólares más 10 000 soles».
Según su testimonio, la negativa del entonces abogado a entregar un comprobante se habría sustentado en que fue «recomendada». En su declaración comentó: «¿Cómo te voy a dar un recibo? Si tú desconfías de mí entonces recoge tu dinero y retírate. Que se pudra tu esposo».
En la denuncia se incorporaron fotografías, chats y audios, entre ellos uno fechado en marzo de 2019, donde se lee: «Yo me voy a pedir un préstamo (…) en cuatro partes yo le traigo el papel firmado por mí». La defensa legal de la ciudadana indicó que la denuncia fue derivada a una fiscalía anticorrupción después de seis meses.
