Incorrecto control formal de la acusación puede generar nulidad de posterior sentencia absolutoria [Casación 1181-2019, Nacional Especializada]

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Fundamentos destacados. 6.12 Al respecto, ya se ha señalado en la doctrina jurisprudencial que, al no encontrarse clara la imputación fiscal, devendría en arbitrario emitir decisión bajo esas circunstancias. En consecuencia, para que el juicio oral sea eficaz, según sus fines constitucionales y legales, la imputación acusatoria debe ser clara y sostenible. De lo contrario, constituiría un exceso impropio de la facultad de imputar y juzgar3, por lo que resulta cuestionable que en el presente caso, aun cuando se advirtieron defectos en la propia acusación, se continuó con el desarrollo del juicio oral, para finalmente emitir un pronunciamiento que resuelve el fondo —absolución de los acusados—, basándose en deficiencias formales vinculadas con el objeto del proceso, lo cual constituye afectación al debido proceso, tanto más si las razones en que se basa una absolución se encuentran previstas taxativamente en la norma —artículo 398 del CPP—, por lo que, efectivamente, se incurrió en causal de nulidad.

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6.13 Cabe precisar que, conforme se recomendó en la Casación número 247-2018/Áncash4, la acusación fiscal debe permitir conocer cuáles son las acciones que se consideran delictivas, pero no de modo exhaustivo. Así, no se requiere un relato minucioso y detallado, sino que basta que sea suficientemente claro, circunstanciado y razonable. Así pues, el defecto formal de la acusación se erige en un presupuesto procesal vinculado al objeto del proceso y como tal determina la nulidad de las actuaciones y la retroacción de estas. Los defectos procesales, en principio, son subsanables durante el proceso y no conducen necesariamente a un sobreseimiento o absolución; por lo tanto, el órgano jurisdiccional no puede ser ajeno a ello y está en la obligación de advertir los defectos y exigir su subsanación, y debe quedar claro que todo presupuesto o impedimento procesal es controlable de oficio.

6.14 En ese sentido, tanto el juez de la investigación preparatoria como el Colegiado interviniente debieron procurar emitir una decisión válida con observancia de las garantías constitucionales de carácter procesal y material; tanto más si en el caso del primero se encontraba normativamente habilitado para tomar las decisiones pertinentes a fin de subsanar los defectos formales que pudiera advertir en la acusación fiscal —artículo 352.2 del CPP—. No obstante, en el presente caso, pese a advertir el defecto, se continuó con el desarrollo del proceso, lo que trajo como consecuencia la inevitable vulneración del principio de imputación necesaria, el derecho de defensa y con ello el debido proceso, todo a causa de una imputación deficiente indebidamente controlada por los órganos jurisdiccionales.

6.15 Así, finalmente, se absolvió a los citados procesados por defectos formales, aun cuando la misma norma procesal ha indicado las razones que pueden fundamentar una decisión absolutoria —artículo 398 del CPP—; por lo que, si bien el resultado final resultó favorable a los procesados, es derecho de las partes que sus pretensiones sean resueltas dentro de un debido proceso, en plena vigencia de la tutela jurisdiccional efectiva. Avalar lo contrario contraviene las bases esenciales del derecho.

6.16 Por tales motivos, resulta razonable y correcta la decisión del órgano revisor de declarar la nulidad de lo actuado y retraer la causa hasta la etapa intermedia; no obstante, esto ha sido cuestionado por los procesados recurrentes, quienes alegan que la Sala Superior se habría extralimitado en su competencia al declarar la nulidad de lo actuado hasta la etapa intermedia.

6.17 Al respecto, cabe precisar que la Sala revisora en segunda instancia tiene delimitada normativamente su competencia y sus facultades. Así, puede declarar la nulidad aun por cuestiones no advertidas por el impugnante —artículo 409 del CPP—; puede declarar una nulidad total o parcial y ordenar la remisión de los autos al juez competente para su subsanación —artículos 419.2 y 425.3, literal a), del CPP—, y puede ordenar la regresión del proceso al estado o la instancia en que se ha cumplido el acto nulo —artículo 154.3 del CPP—, es decir, se puede retrotraer el proceso al estadio en el que surgió el vicio; de lo contrario, no resultaría posible su subsanación. La prohibición de retrotraer el procedimiento a las etapas de investigación preparatoria o intermedia —prevista en el artículo 154.4 del CPP— se refiere a aquellas que se dan durante el desarrollo del juicio oral, es decir, que se dan en el ámbito recursal incidental o previo a la emisión de la sentencia final. Así, en la expedición de una sentencia en primer grado, se anula la posibilidad de ordenarse una nulidad, al ser incompatible la emisión de una sentencia cuando existe nulidad evidente.

6.18 Sin embargo, una vez emitida la sentencia de primera instancia, la revisión de esta resulta más amplia y comprende la posibilidad de advertir un vicio que conlleve la nulidad de actuados, permitiendo la revisión de todo el proceso, para lo cual debe retrotraerse el proceso al estadio donde se generó el vicio a fin de que sea subsanado por el órgano competente.

6.19 En el caso concreto, el vicio en el que se incurrió radica en la etapa intermedia —etapa destinada al control de la acusación fiscal—, en la cual el órgano jurisdiccional de investigación preparatoria realizó un control deficiente de la acusación fiscal postulada por el Ministerio Público; por lo que —conforme al artículo 154.3 del CPP— razonablemente y dentro del margen de sus competencias la Sala Superior declaró la nulidad de lo actuado, incluida la audiencia preliminar, y retrotrajo el proceso al momento en el cual se originó el vicio, esto es, la etapa intermedia. Así, a fin de subsanar el defecto en el que se incurrió, resulta necesario que se realice un nuevo control de acusación tomando en cuenta las omisiones advertidas por la Sala Superior, así como las indicaciones realizadas en la presente sentencia.

6.20 En conclusión, este Tribunal Supremo, luego de haber efectuado una evaluación de la sentencia de vista materia del recurso de casación, ha logrado advertir que el ad quem no incurrió en causal casacional alguna y no hubo afectación del debido proceso ni del principio acusatorio —por cuanto el ejercicio del control formal de la acusación fiscal es una facultad propia del órgano jurisdiccional que no significa parcialidad, sino vigilancia del cumplimiento de garantías constitucionales—. Al contrario, lo que hubo fue una aplicación de la norma en plena vigencia del principio de legalidad, donde se habrían tomado las medidas necesarias a fin de encaminar el proceso en la vía correcta, luego de advertirse graves vicios que vulneraron garantías constitucionales, lo que inevitablemente generó la nulidad de actuados.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 1181-2019 NACIONAL ESPECIALIZADA

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintinueve de marzo de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública —mediante el aplicativo Google Meet—, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los sentenciados Carlos Simeón Pardave Verde, Josué Ortega Palma, Erick Michael Meza Astuquipan, Branco Josué Ortega Garay, Emiliano Florencio Camones Jaimes y Leopoldo Santiago Rosas Cervantes contra la sentencia de vista emitida el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró nula la sentencia de primera instancia, que absolvió a los citados procesados y otros de la acusación fiscal en su contra por la presunta comisión del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado. Asimismo, declaró nulo todo lo actuado hasta la audiencia preliminar de control de acusación —etapa intermedia—; y con los actuados que acompaña.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONTINÚA…

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