Se ha hecho público que el fiscal supremo Tomás Gálvez ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, indicando un presunto encubrimiento, junto con los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, a favor de la empresa Odebrecht. A ello se sumaría la firma del acuerdo de colaboración eficaz también presuntamente a favor de la empresa. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal plantea lo siguiente:
1. La denuncia presentada por el fiscal Gálvez configura, en los hechos, la conocida maniobra de intentar convertir al investigador en investigado. Esto, no solo porque la denuncia no fue debidamente presentada cuando los supuestos agravios constitucionales sucedieron, sino que se da en el tiempo en que el fiscal supremo Sánchez indicó que presentaría su informe, donde encuentra responsabilidad del fiscal Gálvez en el caso “Cuellos Blancos”.
2. Los hechos referidos como violadores del orden constitucional en el caso Odebrecht, por el contrario, habrían buscado respetarlo y, a la vez, defender el trabajo fiscal. El Perú tiene compromisos internacionales y nacionales de lucha contra la corrupción; más aún respecto de redes que involucran a empresarios poderosos, funcionarios estatales, e incluso integrantes del sistema de justicia y del propio Ministerio Público. Pretender motivar lo contrario con una interpretación antojadiza podría configurar un “fraude a la ley”.
3. Creemos que quienes han adoptado conductas que violan principios básicos y derechos constitucionales de todo sistema de justicia, son los magistrados que como el fiscal Gálvez tienen participación en el caso “Cuellos Blancos”. Los propios fiscales de su institución han denunciado los diversos ataques a su independencia en el desarrollo de estas investigaciones. Mantenerse en el cargo a pesar de esta sindicación fundamentada, desdice los principios éticos de la profesión del Derecho y rompe con la garantía de apariencia de independencia que todo funcionario de la justicia debe tener. Debieron apartarse o ser apartados de sus cargos durante las investigaciones contra los mismos.
4. La denuncia constitucional presentada no representa una real acción de búsqueda de la verdad y sanción de responsabilidades. Por el contrario, busca extender un manto de impunidad sobre los jueces y fiscales del caso “Cuellos Blancos”, sumándose, de esta manera, a la campaña de desprestigio y amedrentamiento a las labores constitucionales de la propia Fiscalía.
5. Es lamentable que la ciudadanía no conozca aún con claridad otros hechos que, en defensa de la institucionalidad del Ministerio Público, deben aclararse o investigarse, según sea el caso. No se explica cómo en 2010 fue removido el exconsejero Anaya del CNM por una inconducta funcional que involucraba al fiscal Gálvez, no se conoce la motivación de la autoridad disciplinaria fiscal sobre una denuncia en su desempeño como Director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público; o cómo es que aún no se fiscalizan los hechos que cuestionaron el proceso de selección de magistrados supremos de 2015 en que fue nombrado luego de intentos fallidos, cuando el ex CNM era presidido por Aguila.
6. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe de tomar con seriedad este tipo de denuncias, evaluarlas y aportar debidamente al proceso de lucha contra la corrupción que involucra como investigados a altos funcionarios de la justicia. La CIDH ya ha referido que cuando la corrupción llega al sistema de justicia y no se combate debidamente, es muy difícil recuperar este espacio de control del poder en perjuicio del derecho de todos y todas.
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