En 2024, el Congreso del Perú aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos.
La presidenta Dina Boluarte hizo poco o nada por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho. El gobierno de Boluarte también implementó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, incluyendo esfuerzos por reprimir protestas y un creciente desprecio por la independencia judicial.
Corrupción
La corrupción es un factor importante en el deterioro de las instituciones públicas, la deficiente provisión de servicios públicos y la destrucción del medioambiente en el Perú. Cinco expresidentes han sido acusados por corrupción. La presidenta Boluarte continúa siendo investigada por supuestos aportes ilegales para su campaña política, así como por recibir relojes costosos por parte de un gobernador regional. A mayo de 2024, 67 de los 130 miembros del Congreso estaban siendo investigados penalmente por corrupción y otros delitos, según reportaron medios de comunicación sobre la base de información proporcionada por el Ministerio Público.
En diciembre de 2023, el Congreso modificó la Ley de Colaboración Eficaz, que había sido una herramienta esencial en investigaciones sobre corrupción. Las modificaciones redujeron drásticamente el período que tienen los fiscales para corroborar las declaraciones de un colaborador, dificultando el uso de esta herramienta. El proyecto de ley fue aprobado en junio de 2023, pero la presidenta Boluarte lo vetó en julio. El Congreso insistió con su aprobación, superando el veto presidencial.
En julio, el Congreso aprobó un proyecto de ley para restringir la definición penal de “crimen organizado”, dificultando a la fiscalía investigar delitos relacionados con el crimen organizado, como la corrupción y la extorsión, y haciendo que las investigaciones sean, en gran medida, ineficaces. La presidenta Boluarte no vetó el proyecto, por lo que la ley fue sancionada en agosto. En octubre, el Congreso reintrodujo la extorsión y otros delitos en la definición de “crimen organizado”, pero mantuvo la exclusión de muchos delitos de corrupción y las reformas previas que limitan las investigaciones penales contra el crimen organizado.
Amenazas a la independencia judicial y del Ministerio Público
Durante el 2024, el Congreso continuó con sus esfuerzos por debilitar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. La JNJ ha desempeñado un rol clave en la protección de la separación de poderes en el Perú.
En marzo, el Congreso removió a dos miembros de la JNJ sobre la base de un desacuerdo entre los congresistas y la junta sobre la interpretación de la norma relativa a la edad requerida para ser miembro de la JNJ. Los dos miembros removidos se encontraban investigando un presunto esquema de tráfico de influencias entre miembros del Congreso y la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides. El 1 de julio, un tribunal ordenó reponer a los dos miembros de la junta sobre la base de violaciones al debido proceso.
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En junio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó una reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia. Esta modificación pondría a los congresistas a cargo de la designación y remoción de las autoridades electorales. Al momento de redacción de este capítulo la reforma no había sido aprobada por el pleno.
La entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides impulsó investigaciones disciplinarias arbitrarias contra fiscales anticorrupción de alto rango. Como resultado de una de ellas, el fiscal Rafael Vela, quien lideró las investigaciones sobre la implicación de funcionarios y empresarios peruanos en la trama de corrupción internacional conocida como Lava Jato, fue suspendido. En marzo, un tribunal ordenó el fin de su suspensión.
En mayo, la Junta Nacional de Justicia destituyó a la fiscal de la Nación Benavides tras concluir que había interferido en una investigación contra su hermana, una jueza que fue acusada de liberar ilegalmente a miembros de cárteles de la droga.
En septiembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que faculta a la policía a abrir investigaciones por delitos en desmedro del Ministerio Público. Fiscales peruanos y asociaciones de abogados advirtieron que el proyecto de ley reduciría la eficacia y la rapidez de las investigaciones penales. La presidenta Boluarte no vetó el proyecto, que fue publicado como ley en octubre.
En octubre, una comisión de siete miembros dirigida por el Defensor del Pueblo nombró a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia para el período 2025-2029. Una misión internacional de expertos observó el proceso y dijo que “no cumplió con los estándares internacionales de transparencia, publicidad, criterio técnico y participación ciudadana”.
Políticas de seguridad
La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los peruanos. En octubre de 2024, el número de homicidios superó el total de homicidios cometidos en 2023. Las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco entre 2021 y 2023, aun cuando muchos casos no son denunciados.
La presidenta Boluarte decretó diversos estados de emergencia para responder a la inseguridad, suspendiendo derechos básicos en algunas zonas del país, incluyendo en barrios de Lima, la capital. Esta estrategia ha sido ineficaz para hacer frente al crimen, expertos en seguridad indicaron a Human Rights Watch.
La presidenta también ha atribuido el aumento de la delincuencia, sin presentar evidencias que lo sustenten, a los migrantes y solicitantes de asilo de Venezuela.
En noviembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley para reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal por homicidio agravado, extorsión, secuestro, violación y otros delitos graves. El poder judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, junto con algunos ministerios, se opusieron o consideraron ineficaz esta medida.
Impunidad
El Perú ha avanzado lentamente en la investigación y el juzgamiento de los abusos cometidos durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre los años 1980 y 2000.
En julio de 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003. Su aprobación viola una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Congreso detener la discusión del proyecto de ley por resultar contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Dos relatores especiales y un grupo de trabajo de Naciones Unidas afirmaron que el proyecto de ley “fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el Estado de Derecho”. Fiscales han advertido que la ley podría poner en peligro unos 600 casos penales relacionados con crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad y al grupo armado maoísta Sendero Luminoso. La presidenta Boluarte no vetó el proyecto, que se convirtió en ley en agosto.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) murió en septiembre. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional había ordenado su liberación de prisión, donde cumplía una condena de 25 años por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y corrupción. Su liberación violó órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las autoridades aún no han investigado ni juzgado de manera adecuada las muertes de 49 manifestantes y transeúntes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023. El ejército y la policía respondieron de forma indiscriminada y desproporcionada. Las fuerzas de seguridad dispararon con fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes y transeúntes desarmados. A noviembre, nadie había sido condenado.
En enero de 2024, un juez de Cusco ordenó la detención preventiva de un miembro de la policía acusado de disparar decenas de perdigones contra el manifestante Rosalino Florez en enero de 2023, causándole la muerte.
La Fiscalía de la Nación pidió al Congreso investigar la responsabilidad de la presidenta Boluarte y de miembros de su gabinete en las muertes. Al momento de redactar este capítulo, el Congreso apenas había avanzado.
Reducción del espacio cívico
En marzo de 2024, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra el periodista Gustavo Gorriti y dos fiscales anticorrupción por presunto tráfico de influencias. La fiscalía afirmó que Gorriti y los fiscales intercambiaron información sensible sobre investigaciones en curso y solicitó a Gorriti entregar su teléfono. El Comité para la Protección de los Periodistas alertó que estaba en peligro “el derecho de los periodistas a mantener el secreto de las fuentes”. Gorriti se negó a entregar su teléfono y presentó un amparo para detener la investigación, alegando violaciones a sus derechos como periodista.
En junio, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que otorga enormes poderes al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos del extranjero. El proyecto de ley utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, permitiría al gobierno multar o sancionar arbitrariamente a los grupos que critican o se oponen a sus acciones.
Dieciséis embajadas en el Perú, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y varios senadores estadounidenses, expresaron su preocupación por el proyecto de ley. Al momento de redactar este capítulo, el Congreso no había aprobado ni rechazado el proyecto de ley.
El grupo de derecha conocido como La Resistencia publicó repetidamente las direcciones y se presentó ante casas de periodistas, oficinas de defensores de derechos humanos y fiscales anticorrupción, con el ánimo de intimidarlos. Los miembros del grupo han insultado, acosado y agredido físicamente a periodistas, con escasa o nula respuesta por parte de las autoridades.
Derechos económicos y sociales
En 2023, el 28 % de la población vivía por debajo del umbral nacional de pobreza monetaria de US$67 al mes, lo que supone un fuerte aumento respecto al 20 % de 2019, antes de la pandemia, según los últimos datos oficiales. El número de personas que vivían en la pobreza extrema ascendía al 5,7 % de la población en 2023, frente al 3 % en 2019. Los niños y las niñas, las personas que habitan en zonas rurales y quienes se reconocen como negros o indígenas se ven desproporcionadamente afectados por la pobreza.
Existen profundas disparidades en la capacidad de las personas para ejercer sus derechos económicos y sociales. Las comunidades urbanas y costeras del Perú disfrutan de un mejor acceso a los servicios públicos que las poblaciones rurales e indígenas. El último censo nacional de 2017 muestra que solo el 52 % de la población indígena tenía acceso a un servicio de desagüe, en comparación con el 75 % de la población general, y solo un tercio de las comunidades indígenas de la Amazonía tenía acceso a un centro de salud. La Defensoría del Pueblo denunció falta de personal y de electricidad en los centros de salud de la Amazonía utilizados mayoritariamente por las comunidades indígenas.
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Medioambiente y derechos humanos
En diciembre de 2023, el Congreso modificó la Ley Forestal. La ONG local Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) alertó que la ley, en la práctica, regulariza la deforestación ilegal a gran escala. Fiscales peruanos han afirmado que la ley dificulta las investigaciones de delitos medioambientales.
Según los últimos datos recopilados por Global Forest Watch, el Perú perdió 150.000 hectáreas de bosque primario en 2023. La tala y la minería ilegales, la ganadería y, en menor medida, el cultivo de coca para el narcotráfico, son factores de destrucción de la Amazonía. El uso ilegal del mercurio para la extracción de oro, usualmente introducido al Perú de contrabando desde Bolivia, contamina los ríos y podría tener impacto en la salud de las personas, según informaron autoridades a Human Rights Watch.
Grupos implicados en la explotación ilegal de los recursos naturales y el tráfico de tierras amenazan y atacan a defensores ambientales. En abril fue asesinado Victorio Dariquebe Gerewa, guardaparque de una reserva natural situada en la Amazonía peruana, en el departamento de Madre de Dios. Según su comunidad, había recibido amenazas de mineros ilegales.
En julio, el líder indígena Mariano Isacama Feliciano fue hallado muerto, 24 días después de haber desaparecido. Los líderes de su comunidad en el departamento de Ucayali atribuyeron el asesinato a su oposición a los cárteles de la droga que operan en su territorio.
En 2021, el gobierno creó un mecanismo intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos, pero en mayo de 2024 únicamente contaba con 10 funcionarios y no tenía presupuesto propio.
Orientación sexual e identidad de género
En mayo, el gobierno de la presidenta Boluarte publicó un decreto presidencial que clasificaba las identidades trans como condiciones de salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud del país. Tras numerosas críticas de organizaciones de derechos humanos, el Ministerio de Salud dio marcha atrás con la aplicación del decreto.
En el Perú no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal del género para las personas transexuales. El país también carece de una legislación integral contra la discriminación LGBT.
Acceso al aborto
Las mujeres, niñas y otras personas embarazadas solamente pueden acceder a abortos legales en casos de riesgo para su salud o su vida, pero aún en esos casos muchas se enfrentan a obstáculos para acceder a este derecho. El Perú no ha aplicado la mayoría de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en junio de 2023, cuando lo halló responsable de violar los derechos de una niña indígena que había quedado embarazada a los 13 años tras años de ser abusada sexualmente. El Comité había instado al Perú a garantizar el acceso de las niñas embarazadas a los servicios de aborto seguro y a la atención postaborto, y a garantizar que todos los niños y niñas tuvieran acceso a la educación sobre salud sexual y reproductiva.
Violencia sexual y de género
Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2024, el Ministerio de Educación registró 15.092 casos de violencia sexual contra estudiantes cometidos por profesores, personal escolar u otros estudiantes en todo el país. Entre enero y septiembre de 2024, se registraron 2.514 casos de violencia sexual en las escuelas.
En junio, medios de comunicación revelaron que entre 2010 y 2024 se denunciaron más de 500 casos de violencia sexual contra estudiantes de las comunidades indígenas Awajún, Wampi y Chapra de la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas. Muchos de los casos ocurrieron en escuelas con alojamiento para estudiantes. Más de cien profesores fueron despedidos administrativamente, pero aparentemente muchos seguían enseñando en las escuelas. Ninguna de estas denuncias de abusos sexuales ha dado lugar a una condena.
Tras la fuerte reacción de la opinión pública, el gobierno creó una comisión para mejorar su respuesta a los casos de violencia, se comprometió a construir una cámara Gesell para ayudar en las investigaciones sobre niños víctimas en Condorcanqui y remitió los casos a las fiscalías para su investigación.
La violencia de género es un problema extendido en el Perú. Entre enero y octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo registró 133 feminicidios, definidos como el asesinato de una mujer o niña en ciertos contextos, incluidos los de violencia doméstica. En 2023, la Defensoría registró 150 feminicidios y, en 2022, 137.
Human Rights Watch
