Mediante un comunicado, la Fiscalía de la Nación expresa su rechazo al PL 8678/2024-CR, que propone integrar «La Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales» en las comisiones ordinarias del Congreso. La Fiscalía argumenta que la iniciativa vulnera la autonomía del Ministerio Público al someterlo al control del Congreso, lo que contraviene el principio de separación de poderes y los estándares internacionales sobre la independencia de los fiscales.
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Asimismo, destaca que la propuesta ignora las funciones disciplinarias de la Junta Nacional de Justicia y el rol de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, poniendo en riesgo la confianza pública en la administración de justicia. Por ello, exhorta al Congreso a respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional.
COMUNICADO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
La Fiscalía de la Nación expresa su RECHAZO al Proyecto de Resolución Legislativa 8678/2024-CR que incorpora ‘La Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales’ a las comisiones ordinarias del Congreso de la República, por las siguientes razones:
1. El proyecto de resolución legislativa vulnera la autonomía del Ministerio Público, al no considerar que es un organismo autónomo, sometido únicamente a la Constitución Política, a su Ley Orgánica y Ley de la Carrera Fiscal.
2. La iniciativa legislativa vulnera la independencia institucional cuando pretende someter al Ministerio Público a la dependencia del Congreso de la República, violando el principio de separación de poderes y atentando contra el Estado de Derecho.
3. Asimismo, es importante señalar que, en la función legislativa, se apliquen los “Estándares Internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías”, que señalan que el Ministerio Público no debe encontrarse subordinado a órganos parlamentarios; de modo que, el Poder Legislativo de cada país no debe influenciar en las decisiones de este organismo constitucionalmente autónomo. Tal como también lo señala la “Declaración de Burdeos sobre jueces y fiscales en una sociedad democrática”.
4. La propuesta legislativa desconoce las funciones disciplinarias y sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia y de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
5. De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su “Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul” ha señalado la necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público debido a que de no existir esta, se puede minar la confianza pública en la administración de justicia y la credibilidad de la autoridad que se encarga de investigar los delitos de forma objetiva.
Por último, EXHORTAMOS al Congreso de la República formular iniciativas legislativas que respeten la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico nacional.
