La movilización del 15/10 ha sido masiva, de alcance nacional y, sobre todo, en Lima, a la inversa de lo ocurrido en el 2022/2023. Es decir, la presencia de un gobierno interino —que reemplaza a uno ampliamente repudiado como el de Dina Boluarte—, la designación del nuevo gabinete Álvarez, y el rechazo al paro de transportistas, gobernadores, varios alcaldes y personajes del espectáculo, no desmovilizó ni tranquilizó a la gente. Se trata de una acumulación de frustración, ira y rechazo al mal gobierno, con la corresponsabilidad del Congreso.
La respuesta del gobierno, con un presidente muy activo de manera presencial y en redes, las cámaras selectivamente presentadas por la Municipalidad de Lima y el dudoso y cuestionado número de víctimas reportado por la Defensoría del Pueblo, ha sido insuficiente para ofrecer una versión oficial que dista de la realidad. El resultado ha sido el asesinato de un joven manifestante, otro en estado de coma y varios heridos entre policías y ciudadanos. Ha sido una muestra más de represión indiscriminada, similar a la que se observó en las últimas semanas del gobierno de Dina Boluarte.
Allí hay, pues, un sentimiento que crece y se transforma en indignación ciudadana: el gobierno, a través de la policía, responde con un numeroso cuerpo represivo, logísticamente apoyado y con estrategia de inteligencia para enfrentar a los manifestantes, pero es incapaz de responder al crimen organizado, proteger a la ciudadanía de las extorsiones y evitar que varios de sus miembros se vean involucrados en bandas criminales. Ese es, a fin de cuentas, el núcleo de la protesta: rechazar a los responsables de la forma en que se está viviendo en el Perú hoy.
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En el caso de los jóvenes —señalados como alejados y despreocupados—, han salido a las calles con nuevas formas de protesta: sin políticos, autoconvocados, creativos y algunos, ciertamente, violentos, como la calle misma. Ignorarlos, subestimarlos o acusarlos de manipulables es, aquí y en cualquier parte, la peor manera de entender las protestas sociales.
El gobierno de Jerí es precario. A estas horas del día, su premier no se ha pronunciado y, en su reemplazo, circulan —pese a haber borrado sus redes sociales— afirmaciones que solo echan más leña al fuego y restan credibilidad a cualquier versión oficial. En parte, Jerí y Álvarez son presos de sus propias palabras y de sus actos.
El impacto de lo ocurrido ayer está aún por escrutarse. Ha sido un golpe político al gobierno de Jerí. No se sabe si las marchas continuarán erosionando al gobierno, que la gente percibe como la continuación del rechazado de Dina Boluarte, aunque eso no signifique necesariamente su caída. En el Congreso reina la confusión y todos buscan salidas que no los afecten. Por eso, Fuerza Popular impulsa la salida de Fernando Rospigliosi, conscientes de que se ha desatado una dinámica que ya no pueden controlar. Si prospera una censura a la Mesa Directiva, el gobierno de Jerí caerá. Difícilmente elegirán a alguien de la reducida oposición para apostar por un congresista no identificado con la mayoría. Nadie quiere cargar con su propio peso ni con el del gobierno, a medio año de las elecciones.
En medio de los luctuosos sucesos de ayer, todos los escenarios están abiertos. Así es mi Perú.
