José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, sustentó su requerimiento de impedimento con restricciones, tras haberla incluido como investigada en el caso Cocteles, por el presunto de delito de obstrucción a la justicia.
En su alegato, el fiscal recordó que Loza Ávalos fue la abogada defensora de Jorge Yoshiyama Sasaki desde enero de 2016, hasta mediados de 2018, en el caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori. Para Pérez, desde esa fecha el trabajo de Loza ha sido en conjunto con abogados del estudio Oré Guardia, con quienes han desarrollado una defensa que buscaba entorpecer la investigación fiscal.
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El reporte incautado en la diligencia de allanamiento del inmueble de Vicente Silva Checa, donde estaban detalladas las investigaciones contra Keiko Fujimori y otros integrantes de Fuerza Popular, y las rutas de defensa, constituyen para la fiscalía, un indicio que muestra el interés para obstruir el desarrollo del proceso. Este reporte, además, tenía el rotulado del estudio Loza Ávalos.
La fiscalía puso mucho interés en dejar claro que Guilliana Loza es también abogada de Fuerza Popular, y que trabaja en pared con los abogados del estudio Oré Guardia. Prueba de ello, dijo Pérez, serían las facturas que el estudio Loza Ávalos emitió por los servicios prestados al Oré Guardia, cuya numeración correlativa de los comprobantes llama la atención.
Entre otros elementos de convicción, la fiscalía presentó diversas declaraciones de testigos protegidos. En una parte de su alegato, señaló:
“Gracias a la investigación dinámica que viene realizando el Ministerio Público, hemos logrado identificar a Giulliana Loza Ávalos como esa operadora de un staff de abogados que emplean las organizaciones criminales precisamente para generar o ganar impunidad, esa impunidad que combate el Ministerio Público a través de pruebas“, dijo José Domingo Pérez en la audiencia para sustentar su solicitud.
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Asimismo, José Domingo Pérez detalló cómo varios testigos protegidos verificaron la versión de Jorge Yoshiyama –quien aceptó que había contactado a varios falsos aportantes–, y no solo en el caso de Renato Castro, sino también de otros dos falsos aportantes identificados como José Luis Somocurcio y Celso Víctor Dextre Cuaresma.
“Sí ha habido obstrucción a la justicia porque Giulliana Loza Ávalos ha salido del marco de la defensa, de representación, se asesoramiento, de la posición para defender de manera ética a su cliente y formó parte de actos que hoy estamos poniendo a su conocimiento“, añadió ante el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.
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En ese sentido, el fiscal José Domingo Pérez hizo un llamado a las instancias superiores que están revisando la apelación de Keiko Fujimori contra la prisión preventiva de 36 meses que solicitó para que confirmen esta medida restrictiva.
“Si esto no es entendido en una instancia superior, no sé en qué país nos encontramos. Están esperando que suceda lo que está ocurriendo en Colombia, donde a través de un crimen se silencia a los testigos […] Todavía creemos que existe justicia y no solo por su judicatura, porque esperamos una respuesta de respaldo y que se reafirmen las medidas dictadas por su despacho“, añadió el fiscal Pérez.
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El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez incluyó en su solicitud de comparecencia con restricciones a los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero y Danae Alessandra Calderón Castro.
Para el fiscal Domingo Pérez, todos ellos han actuado para afectar a testigos y así evitar que admitan que fueron falsos aportantes en la campaña del 2011. Por eso solicita que ninguno de los abogados pueda tener contacto con otros investigados, testigos, aportantes, excepto Keiko Fujimori y Mark Vito.
