La presidenta Dina Boluarte presentará denuncias contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión se produce tras la presentación de cinco denuncias constitucionales por parte del Ministerio Público en un lapso de dos días.
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El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, señaló en conferencia de prensa que la fiscal Espinoza actuó de manera «desafiante e irresponsable con la verdad», al presentar múltiples denuncias sin proporcionar información detallada sobre sus fundamentos. Por ello, anunció la interposición de una denuncia contra la titular del MP:
El Ministerio Público ha instrumentalizado el poder con una agenda política, no de la verdad, no de la investigación, sino como una agenda política suya, partidaria (…) y en consecuencia vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República y ante la Junta Nacional de la Justicia.
Además, Portugal cuestionó la legalidad de las denuncias contra la presidenta, señalando que, después de varios días, la defensa aún no ha recibido notificación oficial sobre los argumentos de las denuncias. Solo han sido informados de los casos relacionados con presunto enriquecimiento ilícito y las cirugías estéticas realizadas en 2023.
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Señaló, a su vez, que las denuncias se presentaran mientras la presidenta se encontraba de viaje en el Vaticano, calificando la acción como una «instrumentalización del poder bajo una agenda política». Ante ello, aseguró que la Fiscalía ignoró los límites establecidos por la Constitución para denunciar a un presidente en funciones.
Las cinco denuncias constitucionales presentadas contra Dina Boluarte
Las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte fueron formuladas por la fiscal, quien asumió temporalmente funciones de fiscal de la Nación tras la suspensión de Patricia Benavides. Estas denuncias fueron presentadas entre el 15 y 16 de mayo, según informó el Ministerio Público en sus canales oficiales.
Una de las denuncias se refiere a la presunta comisión del delito de lesiones leves y graves a 75 manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En esta acusación también se incluyen a seis exministros del primer gobierno de Boluarte, señalando un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con pleno conocimiento de los investigados.
Otra denuncia está vinculada al presunto delito de omisión de funciones y abandono de cargo, debido a una cirugía estética a la que se habría sometido la presidenta en 2023 sin comunicar su ausencia al Congreso ni designar a un presidente encargado durante ese período.
Además, se le imputa el presunto delito de abuso de autoridad por la presentación de una demanda competencial contra once congresistas, lo que habría obstaculizado la aplicación de la Ley N.º 31973, que otorga a la Policía Nacional la dirección de las investigaciones preliminares.
Una cuarta denuncia se relaciona con la presunta revelación indebida de información en el marco de investigaciones reservadas, específicamente en el caso conocido como «Rolexgate».
Finalmente, la quinta denuncia está asociada al presunto delito de enriquecimiento ilícito por la adquisición de relojes de lujo, joyas y cirugías estéticas no declaradas. Estas adquisiciones habrían sido realizadas sin ser registradas en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.
