Fundamento destacado: 39. El énfasis constante en todos los casos presentados ante el Tribunal ha sido la obligación del Estado de proteger la vida. El Tribunal no está convencido de que el «derecho a la vida» garantizado en el artículo 2 pueda interpretarse como un aspecto negativo. Aunque, por ejemplo, en el contexto del artículo 11 del Convenio, se ha considerado que la libertad de asociación implica no sólo el derecho a afiliarse a una asociación, sino también el correspondiente derecho a no ser obligado a afiliarse a una asociación, el Tribunal observa que la noción de libertad implica cierto grado de elección en cuanto a su ejercicio (véase Young, James y Webster contra el Reino Unido, sentencia de 13 de agosto de 1981, serie A nº 44, pp. 21-22.), § 52, y Sigurđur A. Sigurjónsson c. Islandia, sentencia de 30 de junio de 1993, Serie A nº 264, pp. 15-16, § 35). El artículo 2 del Convenio está redactado en los siguientes términos diferentes. No se ocupa de cuestiones relacionadas con la calidad de vida o con lo que una persona decide hacer con su vida. En la medida en que estos aspectos se reconocen como tan fundamentales para la condición humana que requieren protección frente a la injerencia del Estado, pueden reflejarse en los derechos garantizados por otros artículos del Convenio, o en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 2 no puede interpretarse, sin distorsionar el lenguaje, en el sentido de que confiere el derecho diametralmente opuesto, es decir, el derecho a morir; tampoco puede crear un derecho a la autodeterminación en el sentido de conferir a un individuo el derecho a elegir la muerte en lugar de la vida.
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS
CASO DE PRETTY V.S. EL REINO UNIDO
(demanda nº 2346/02)
SENTENCIA
[…]
PROCEDIMIENTO
1. El asunto tiene su origen en una demanda (nº 2346/02) contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por una nacional del Reino Unido, la Sra. Diane Pretty («la demandante»), el 21 de diciembre de 2001.
2. La demandante, beneficiaria de asistencia jurídica gratuita, estuvo representada ante el Tribunal de Primera Instancia por la Sra. S. Chakrabarti, abogada que ejerce en Londres. El Gobierno del Reino Unido («el Gobierno») estuvo representado por su Agente, el Sr. C. Whomersley, del Foreign and Commonwealth Office, Londres.
3. La demandante, paralítica y aquejada de una enfermedad degenerativa e incurable, alegó que la negativa del Director of Public Prosecutions a conceder inmunidad judicial a su marido si éste la ayudaba a suicidarse y la prohibición en la legislación nacional de ayudar al suicidio vulneraban los derechos que le asisten en virtud de los artículos 2, 3, 8, 9 y 14 del Convenio.
4. La demanda fue atribuida a la Sección Cuarta del Tribunal (artículo 52 § 1 del Reglamento del Tribunal). Dentro de dicha Sección, la Sala que examinaría el asunto (artículo 27 § 1 del Convenio), se constituyó según lo dispuesto en el artículo 26 § 1.
5. El demandante y el Gobierno presentaron sendas observaciones sobre la admisibilidad y el fondo (artículo 54 § 3 (b)). Además, se recibieron observaciones de terceros de la Voluntary Euthanasia Society y de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, que habían sido autorizadas por el Presidente a intervenir en el procedimiento escrito (artículo 36 § 2 del Tratado CE).
[Continúa…]
