El Colegio de Abogados de Ayacucho rechazó la decisión de la Comisión Permanente del Congreso que inhabilita por 10 años a la fiscal suprema Delia Espinoza, señalando que la medida es arbitraria, selectiva y busca impedir su retorno al cargo de fiscal de la Nación.
El gremio sostuvo que la denuncia constitucional trató originalmente sobre cuatro fiscales supremos, pero solo se sancionó a Espinoza, lo que demostraría —según afirman— un intento de controlar el Ministerio Público. Agregaron que la Junta Nacional de Justicia y el Congreso están usando mecanismos legales para interferir en decisiones judiciales y debilitar la independencia del sistema de justicia.
Finalmente, alertaron a organismos internacionales sobre lo que calificaron como «un intento de asalto institucional» y expresaron su respaldo a la independencia judicial.
PRONUNCIAMIENTO
El Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con relación a la Denuncia constitucional N° 528 del 23/10/2024, interpuesta por los congresistas Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), José Ernesto Cueto Aservi (ex Renovación Popular) y Alfredo Azurín Loayza (Somos Perú), expresa lo siguiente:
1. El día de hoy, la Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú, aprobó Informe Final sobre la Denuncia Constitucional N° 528, que inhabilita para el ejercicio del cargo público por diez años solo contra la fiscal de la Nación suspendida Delia Milagros Espinoza Valenzuela; pese a que la denuncia estuvo dirigida contra Juan Carlos Villena Campana, entonces de fiscal de la Nación (i), Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera, por la presunta infracción a los artículos 159° numerales 1 y 4, 38°, 103°, 109° y 166° de la Constitución y como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal.
2. El hecho de imputado a los cuatro fiscales supremos fue que el 15 de octubre de 2024 la Junta de Fiscales Supremos, liderada por el entonces Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana emitieron la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2246-2024-MP-FN, mediante la cual dictan diversas disposiciones de obligatorio cumplimiento para todos los fiscales a nivel nacional que violan lo dispuesto por la Ley N° 32130, promoviendo su incumplimiento por quienes deben ser guardianes de la legalidad.
3. Igualmente, el 5/8/2025 el Tribunal Constitucional peruano publicó Sentencia N° 150/2025 en los expedientes 00006-2024-PI/TC y 00014-2024-PI/TC (acumulados), que declaró infundada la demanda contra la Ley N° 32130, “Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales”; sin que exista ningún cuestionamiento a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2246-2024-MP-FN. Por tanto, no existía ninguna infracción constitucional ni mucho menos la comisión de algún delito por parte de los fiscales supremos.
4. En consecuencia, la decisión de los 16 congresistas (4 de Fuerza Popular, 3 de Alianza para el Progreso, 2 Perú Libre, 2 Acción Popular, 2 Renovación Popular, 1 Avanza País, 1 Podemos y 1 Somos Perú) de aprobar el informe que busca inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública SOLO a la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, no es una medida jurídica sino de complicidad por controlar el Ministerio Público y favorecer al actual fiscal de la nación interino Tomás Aladino Gálvez Villegas, vinculado a graves procesos penales, para evitar que la fiscal suprema Espinoza retorne a su cargo del cual ilegalmente fue apartada.
Por todo ello,
RECHAZAMOS la decisión adoptada por la Comisión Permanente del Congreso de la República de aprobar el informe que propone inhabilitar de forma arbitraria por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal de la Nación suspendida Delia Milagros Espinoza Valenzuela.
ALERTAMOS a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, sobre los actos que el Congreso de la República del Perú adopta para asaltar las diversas instituciones democráticas del Perú y desarrollar un plan encaminado a perseguir a las autoridades del sistema de justicia.
Junta Directiva 2024–2025
Colegio de Abogados de Ayacucho
