El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza por el Progreso), denunció al periodista José Miguel Hidalgo por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de reglaje.
El proceso fue iniciado a través del procurador del Parlamento, Manuel Eduardo Peña:
En nombre y representación del Estado —Poder Legislativo— y, de conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, así como del artículo 317 – A del Código Penal, interpongo denuncia penal contra José Miguel Hidalgo Rodríguez […] y los que resulten responsables como presuntos autores del delito contra la tranquilidad pública – marcaje o reglaje, en agravio de Alejandro Soto Reyes en su condición de Presidente del Congreso de la República.
El caso
El hombre de prensa forma parte del programa dominical Cuarto Poder, del canal América Televisión. El domingo 23 de junio, se emitió a través de dicho espacio periodístico el reportaje «Alejandro Soto: Relaciones negadas» elaborado por Hidalgo.
En dicho material se cuestiona la actuación de del parlamentario: se evidencia su relación sentimental con una mujer cuya hermana fue contratada en su despacho pese a no contar, aparentemente, con las credenciales para esta función. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) añade lo siguiente:
Cuando estos hechos se hicieron públicos por la prensa, el presidente del Congreso dijo que no incurría en nepotismo porque no era esposo de la madre de su hijo y, por tanto, la contratada no era su cuñada.
El titular del Parlamento alega que para la elaboración del reportaje citado, tanto el periodista como su equipo, «le hicieron seguimiento«. En este sentido, indica, se expuso a su hijo menor de edad y a su progenitora.
Además, asegura que se reveló información personal como la dirección de su vivienda y otros.
IPYS condena denuncia
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indicó que la denuncia del presidente del Congreso «constituye un acto de amedrentamiento contra la prensa de investigación, a través de la pretendida instrumentalización de la justicia penal, imputando un delito manifiestamente inaplicable».
Por ello, a través de un comunicado, solicitó a la Fiscalía rechazar el recurso:
IPYS demanda que la denuncia sea rechazada de plano por el Ministerio Público, por tratarse de un intento más proveniente del Congreso de criminalización del ejercicio válido de la libertad de expresión.
