Sumario: 1. Introducción, 2. Importancia del derecho, 3. Marco legal del acceso a la información pública, 4. Desafíos actuales, 5. El derecho de acceso a la información en la fiscalización y evaluación ambiental, 6. Reflexiones finales, 7. Referencias bibliográficas.
1. Introducción
El presente artículo abordará un tema de gran relevancia y actualidad para la gestión ambiental en el país, el derecho al acceso a la información pública en el ámbito de la fiscalización ambiental. El derecho de acceso es reconocido como un derecho fundamental no sólo para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades, sino también para empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles participar activamente en la protección del medio ambiente.
En el contexto actual donde la degradación ambiental y el cambio climático representan amenazas inminentes, el acceso a la información pública se convierte en una herramienta esencial para lograr objetivos tales como la sostenibilidad y la justicia ambiental. En un país como el nuestro, con gran riqueza natural y biodiversidad extensa, la fiscalización ambiental es crucial para salvaguardar nuestros recursos naturales y asegurar un desarrollo sostenible frente al desarrollo de actividades económicas.
En esta línea, mediante el presente artículo se analizará el marco legal que respalda este derecho fundamental en nuestro país, la importancia de acceder a la información vinculada a la fiscalización ambiental, así como los desafíos y mecanismos para mejorar dicho acceso.
2. Importancia del derecho
El acceso a la información pública en el Perú es derecho importante por múltiples razones. En primera instancia, es importante debido a que permite a los ciudadanos conocer sobre la forma en que cómo se están gestionando los recursos naturales en el ámbito nacional y las políticas ambientales que se aplican al respecto, lo cual fomenta la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno peruano. En segundo lugar, su importancia también radica en empoderar a las personas y comunidades, permitiéndoles muchas veces participar activamente en la protección del medio ambiente y ejercer su derecho a la opinión, libre e informadas para la adecuada toma de decisiones que afectan sus vidas. Finalmente, este derecho promueve la transparencia y la rendición de cuentas, reduciendo así la corrupción y asegurando que los procesos de evaluación y fiscalización ambiental se realicen de manera justa y equitativa, lo que consecuentemente genera ventajas como una confianza en la transparencia del estado que hoy en día casi ya no existe por parte de la ciudadanía y de manera particular de las comunidades locales o nativas.
A modo de ejemplo, podemos señalar que, la disponibilidad de información clara y accesible permite mantener la prevención, en el sentido de que, gracias al conocimiento del contexto ambiental, las personas pueden formular denuncias ambientales, respecto a actividades ilegales y demás acciones en perjuicio del medio ambiente, promoviendo así una mayor responsabilidad social y una gestión ambiental más efectiva y sostenible en el Perú. En el contexto peruano, donde la biodiversidad y los recursos naturales son vastos y variados, la transparencia en la información ambiental es crucial para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública.
3. Marco legal del acceso a la información pública
El marco legal peruano en materia de acceso a la información pública y fiscalización ambiental se encuentra estipulado en varias normativas claves. Para empezar, la Constitución Política del Perú[1], en su artículo 2 inciso 5[2], garantiza el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, dicho derecho es ampliado y especificado en la Ley N° 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública[3], que establece los procedimientos y obligaciones para que las entidades públicas proporcionen información de manera oportuna y adecuada.
En esta línea, en el ámbito ambiental, la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)[4] y su reglamento subrayan la obligación del Estado de garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental. Además, a esta lista se suma el Decreto Legislativo N° 1013[5], en el cual se establece que una de las funciones principales de este ministerio es asegurar la transparencia y el acceso a la información ambiental.
Por último, la Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785)[6], reconocida internacionalmente y por ende, no menos importante, sobre todo para las comunidades indígenas, ya que les otorga el derecho a ser informadas y consultadas sobre proyectos que puedan afectar sus territorios y medios de vida, en este sentido asegura que las comunidades sean informadas y consultadas antes de la adopción de dictar medidas legislativas o administrativas, asimismo les permite expresar sus preocupaciones y sobre todo aportar sus conocimientos tradicionales y participen en la toma de decisiones que afecten su territorio natural.
4. Desafíos actuales
A pesar del robusto marco legal, la implementación efectiva del acceso a la información pública en materia de fiscalización ambiental enfrenta varios desafíos en Perú. Entre estos, uno de los principales problemas es la falta de capacitación y recursos en las entidades públicas para gestionar y proporcionar información de manera eficiente, en razón a que muchas veces, la información es incompleta, está desactualizada o es difícil de entender para el público en general porque simplemente el contenido es demasiado técnico, aspecto que se aprecia mejor en el acceso de la población a sistemas como el Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA donde no se cuenta con información sistematizada y actualizada sobre las actividades de gestión ambiental de las entidades públicas, incluyendo la fiscalización ambiental.
Otro desafío significativo es la resistencia de algunas entidades gubernamentales a divulgar información, alegando razones de confidencialidad o competencia, dicha falta de transparencia puede socavar la confianza pública y dificultar la fiscalización ciudadana y la participación efectiva sobre la toma de decisiones sobre su entorno.
También, la existencia de barreras tecnológicas y geográficas es otro de los grandes desafíos, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas, donde obstáculos como el acceso a internet y a plataformas digitales, impide que muchas personas puedan acceder a la información necesaria para tomar decisiones luego de ser informadas y participar en procesos de fiscalización ambiental.
Otro desafío se relaciona con que la información no necesariamente logra ser comprendida sobre todo en áreas de difícil acceso en el que aún existen problemas sociales como en analfabetismo, ante ello se considera importante establecer estrategias que mejoran la difusión y comprensión de la información.
5. El derecho de acceso a la información en la fiscalización y evaluación ambiental
En el ámbito de la fiscalización y evaluación en materia ambiental, el ejercicio del derecho de acceso a la información se regula mediante diversas disposiciones que establecen las responsabilidades y procedimientos correspondientes. Las autoridades obligadas a informar incluyen a todas las entidades gubernamentales responsables de la gestión ambiental[7]. Los funcionarios responsables de entregar información deben cumplir con el deber de transparencia y facilitar el acceso a la información solicitada por los ciudadanos[8].
Existen varias vías para acceder a la información ambiental como la presentación de una solicitud formal, a través de las páginas web de las instituciones públicas y/o a través del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)[9].
El procedimiento para solicitar información implica la presentación de una solicitud escrita que debe ser respondida en un plazo determinado por la ley[10]. En caso de vulneración del derecho de acceso a la información, los ciudadanos pueden interponer recursos administrativos y judiciales para garantizar su cumplimiento[11].
En ese sentido, en el ámbito de la fiscalización y evaluación en materia ambiental, el ejercicio del derecho de acceso a la información se regula mediante diversas disposiciones que establecen las responsabilidades y procedimientos de las entidades correspondientes, las cuales tienen el deber de informar y de entregar la información requerida, cumpliendo con el deber de transparencia y facilitando el acceso a la información solicitada por los ciudadanos. De lo que deviene, que el acceso a la información es crucial para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, más aún cuando hablamos de impactos ambientales sobre el entorno.
No obstante, pese a que haya un marco normativo, aún existen varias mejoras que requieren su implementación y efectividad como la poca proactividad de las instituciones en la divulgación de información ambiental de manera accesible y comprensible la cual es fundamental; considerando que la simple disponibilidad de la información en plataformas digitales no garantiza que todos los ciudadanos, especialmente aquellos en zonas rurales o con menos acceso a tecnología, puedan obtener la información que necesitan. A estas dificultades deben sumarse la existencia de barreras como la falta de recursos, capacitación y compromiso entre los funcionarios para permitir a los mismos ciudadanos a la información relacionada a las actividades de fiscalización e impactos ambientales de su entorno.
Frente a estos desafíos, un avance positivo ha sido representado por la creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) que opera al interior del Ministerio de Justicia (MINJUS). Este tribunal es el encargado de evaluar y decidir sobre los casos de denegatoria, asegurando que se cumplan las disposiciones legales y se proteja el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública[12].
El TTAIP tiene como misión principal garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, evaluando cada solicitud de acceso a la información que haya sido denegada por las entidades públicas. Este tribunal opera de manera autónoma y se rige por un conjunto de procedimientos establecidos para asegurar una evaluación justa y objetiva de cada caso. Las decisiones del TTAIP pueden llegar a ser vinculantes, lo que significa que las entidades públicas estarían obligadas a acatar sus resoluciones, lo cual refuerza el cumplimiento del derecho de acceso a la información. Sin embargo, es fundamental que este tribunal cuente con los recursos y el apoyo necesario para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y eficaz. La capacitación continua de sus miembros y el desarrollo de tecnologías que faciliten la gestión de los casos son aspectos clave para mejorar su operatividad. Asimismo, es crucial promover la concienciación entre los ciudadanos sobre la existencia y funciones del TTAIP para que puedan hacer valer sus derechos de acceso a la información pública[13].
De lo que se colige que, aunque no basta con tener un marco legal sólido, sino que lo que más importa es abordar los actuales desafíos de implementación para garantizar que la información sea accesible, completa y comprensible para todos los ciudadanos. Por lo que es fundamental que el Estado peruano y los funcionarios que trabajan en él puedan abordar de forma consciente estos retos superando cualquier limitación al mencionado derecho fundamental.
6. Reflexiones finales
El acceso a la información pública sobre la fiscalización ambiental en Perú tiene una base legal fuerte, sin embargo, aún enfrenta varios problemas en la práctica. Al respecto, es necesario que las instituciones fortalezcan los métodos y estrategias, así como los procedimientos para solicitar información a efectos de que no sean complicados y lentos, lo que dificulta a los ciudadanos obtener la información que necesitan, empezando por mantener el SINIA actualizado y garantizar la información para los ciudadanos y sumando esfuerzos en pro del cumplimiento de sus obligaciones.
Por otro lado, respecto al incumplimiento de la entrega de información por parte de los funcionarios, se debe considerar que este tipo de situaciones disminuye la confianza en el sistema, concientizar al funcionario público respecto de la importancia de permitir a la ciudadanía acceder a la información sobre impactos ambientales productos de las actividades en forma rápida y comprensible que les permitan ser parte de la toma de decisiones sobre la gestión del ambiente y los recursos naturales, especialmente en su entorno.
Finalmente, resulta importante que el ciudadano conozco que respuestas a estos retos brinda actualmente el marco institucional para garantizar su derecho, como sucede con el tribunal creado al interior del MINJUS.
7. Referencias bibliográficas
- Defensoría del Pueblo. (2019). Guía para el acceso a la información pública en el Perú. http://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Guia-de-acceso-a-la-informacion-publica.pdf
- Ministerio del Ambiente. (2020). Manual de procedimientos para la gestión de la información ambiental. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Procedimientos-Gestion-Informacion-Ambiental.pdf
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2021). Normativa sobre transparencia y acceso a la información pública en el Perú. https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/Normativa-Transparencia-Acceso-Informacion.pdf
- Constitución Política del Perú de 1993
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
- Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
- Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
[1] Constitución Política del Perú de 1993.
[2] Artículo 5, inciso 5 de la constitución Política del Perú: “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.
[3] Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario Oficial El Peruano, 3 de agosto de 2002.
[4] Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Diario Oficial El Peruano, 14 de octubre de 2005.
[5] Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Diario Oficial El Peruano, 14 de mayo de 2008.
[6] Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
[7] Ministerio del ambiente (2020). Manual de procedimientos para la gestión de la información ambiental. Lima.
[8] Defensoría del Pueblo (2019). Guía para el acceso a la información pública en el Perú. Lima.
[9] Ministerio del Ambiente (2020). Ob. Cit.
[10] Defensoría del Pueblo (2019). Ob. Cit.
[11] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2021). Normativa sobre transparencia y acceso a la información pública en el Perú. Lima.
[12] Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública [TTAIP]. (2020). Guía de procedimientos para la denegatoria de acceso a la información. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
[13] Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública [TTAIP]. (2021). Informe anual de gestión 2021. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
