Fundamento destacado: 5. […] No comparte este Tribunal tal criterio. En primer lugar, porque si bien el artículo I del Título Preliminar del Código Civil está inserto en un ordenamiento que tiene por objeto regular las relaciones jurídicas entre particulares, por su contenido, se trata de una norma sobre la producción jurídica, que al regular el proceso de extinción de normas en el ordenamiento, es materialmente constitucional y, en ese sentido, aplicable con carácter general a cualquier sector del ordenamiento nacional.
EXP. N.° 458-2001-HC/TC
LIMA
LEONCIO SILVA QUISPE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los veinticinco días del mes de setiembre de dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional con la asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent; Díaz Valverde; Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso Extraordinario interpuesto por doña Rosa Miriam Cabanillas Tapia contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, de fecha veintiséis de marzo de dos mil uno que, confirmando la apelada, declaró improcedente el Habeas Corpus interpuesto.
ANTECEDENTES
Don Leoncio Silva Quispe interpone Hábeas Corpus contra los vocales de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, el Juez del Octavo Juzgado Penal de Trujillo por la violación de sus derechos constitucionales a la libertad individual, debido proceso, aplicación de la ley más favorable al reo y debida motivación de las resoluciones judiciales.
Alega que tras solicitar la concesión del beneficio de semi libertad, el Juez del Octavo Juzgado Penal de Trujillo expidió una resolución denegatoria, cuya parte considerativa no guarda relación con la decisión adoptada. Pese a ello, sostiene, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia la confirmó, aduciendo argumentos contradictorios. Precisa que el origen del problema radica en la vigencia de dos normas, la Ley N°. 24388 y el Decreto Legislativo N°. 654. La primera no prohíbe que se otorgue el beneficio de la semi libertad a los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas, en tanto que el Decreto Legislativo N°. 654 sí lo hace. Alega que se ha violado el derecho a que las resoluciones sean debidamente motivadas, pues se ha optado por una interpretación restrictiva. Aduce que no es de aplicación el artículo I del Título Preliminar del Código Civil, pues en materia penal la derogación de una norma siempre debe ser expresa, de conformidad con el ordinal d) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución.
Admitida a trámite, se tomó la declaración del recurrente, ratificándose en el Hábeas Corpus. Aún cuando no se tomó la declaración de los emplazados, por encontrarse de vacaciones, en su defensa se apersonó al proceso la Defensora de Oficio asignada al Primer Juzgado Penal de Trujillo, quien solicitó se declare improcedente el Habeas Corpus pues las resoluciones judiciales cuestionadas fueron expedidas dentro de un procedimiento regular.
Con fecha doce de marzo de dos mil uno, el Juez del Primer Juzgado Penal de Trujillo expidió sentencia, declarando improcedente el Habeas Corpus, por considerar que mediante el presente proceso el recurrente pretende que se realice una «nueva valoración e interpretación de las normas aplicables».
[Continúa…]
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