PRESENTACIÓN
El Centro de Formación y Capacitación presenta el segundo número de la Revista Jurídica de la Procuraduría General del Estado, para dar continuidad a la divulgación de investigaciones y reflexiones relativas al fortalecimiento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE).
Por segundo año consecutivo se ha desarrollado un proceso de convocatoria, selección y edición de artículos orientados a brindar contenidos para dicha publicación (en sus dos versiones, impresa y digital), que contribuyan, precisamente, a la reflexión y propuesta de acciones para la defensa jurídica del Estado, en esta oportunidad frente a algunos tópicos sobre crimen organizado.
Como observamos, en los últimos años se está develando y registrando un elevado incremento de la incidencia negativa de las acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales. Sin duda, estamos frente a un fenómeno delictivo polimorfo y cambiante, que lesiona de manera directa la democracia y atenta contra los derechos fundamentales de las personas.
En respuesta, el Estado peruano y sus instituciones, junto a sectores sociales y académicos, han iniciado una lucha amplia contra el fenómeno del crimen organizado que busca controlar, sin pausa, una zona determinada o un circuito económico para rentabilizar los mercados ilegales, a través de la violencia y la corrupción, entre otros medios, al margen del control estatal.
Frente a este contexto, cinco procuradores/as públicos/as nos presentan en esta publicación de la Procuraduría General del Estado el análisis y punto de vista de temas importantes desde diferentes enfoques, alrededor del crimen organizado.
Como referencia general de cada artículo, podemos mencionar que la abogada Sonia Medina Calvo (Procuradora Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas) se refiere al radio de acción de las Procuradurías Publicas Especializadas frente al crimen organizado, en especial a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; la abogada Silvana Carrión Ordinola (Procuradora Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht y otras) aborda la colaboración eficaz como instrumento de desarticulación de organizaciones y estructuras criminales en delitos de alcance transnacional; el abogado Juan Carlos Portocarrero Zamora (Procurador Público del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA) trata el problema de la banda criminal y el proceso inmediato; el abogado Javier Alonso Pacheco Palacios (Procurador Público (e) Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios) analiza la determinación de la reparación civil en delitos de corrupción cometidos por organizaciones criminales; y el abogado Pedro Miguel Galicia Pimentel (Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco) se refiere a las estrategias y mecanismos necesarios en la defensa jurídica del Estado frente a la criminalidad organizada.
Es conocido que la gravedad de los delitos de crimen organizado tiene un alcance internacional, debido a los cambios de la tecnología, los movimientos demográficos y la globalización económica. En realidad, las organizaciones criminales actúan local y globalmente.
En atención a esta situación, la revista presenta también tres colaboraciones académicas en una sección internacional a cargo de docentes universitarios. Roberto Durrieu (Argentina) se refiere al autolavado de dinero; Priscila Caneparo dos Anjos (Brasil) escribe sobre la necesaria discusión de la trata de personas como crimen organizado transnacional; y Daniel Sansó-Rubert Pascual (España) analiza la transparencia y publicidad frente al crimen organizado.
En la sección miscelánea, tenemos tres artículos sobre el quehacer de las procuradurías públicas. El abogado Ángel Vivanco Ortiz (Procurador Público Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas) reflexiona sobre las declaraciones del procurador ante medios de comunicación o ante terceros; la abogada Kelly Silvana Minchán Antón (Procuradora Pública del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL) nos presenta un análisis sobre el aporte por regulación al OSIPTEL desde la jurisprudencia; y, además, la abogada Ivon de Lourdes Martínez Simbala (Abogada en la Procuraduría Pública del RENIEC) ofrece un breve estudio sobre la defensa judicial del actor civil y su impacto en el proceso penal.
Estamos seguros que los artículos serán de interés tanto para los lectores del SADJE como de la comunidad jurídica en general.
Tengamos presente que con estas publicaciones buscamos promover el desarrollo de las capacidades éticas y jurídicas en los operadores del SADJE, un objetivo estratégico institucional de la Procuraduría General del Estado.
Agradecemos a los autores y al equipo del Centro de Formación y Capacitación, órgano académico de la Procuraduría General del Estado, por sumar esfuerzos que se ven reflejados en esta publicación y en próximas ediciones.
