Después de emitidos los 112 decretos legislativos por el Ejecutivo, al amparo de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley 30506, corresponde ahora el control parlamentario, a fin de verificar si el gobierno ha cumplido o no con lo señalado en la Ley autoritativa.
Así las cosas, varios ministros asistieron a la Comisión de Constitución del Congreso de la República con el objeto de defender los decretos emitidos que, como se sabe, tienen rango legal; no obstante, varios parlamentarios han cuestionado la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y de los ministros invitados.
A continuación, les presentamos los decretos que han sido tachados de inconstitucionales por varios congresistas. Si bien los dispositivos gozan de presunción de conformidad constitucional, están sometidos a diversos controles específicos a cargo del Congreso, que puede modificarlos o derogarlos. Sin perjuicio de ello, estos novísimos decretos también podrían ser cuestionados ante el Tribunal Constitucional, mediante un proceso de inconstitucionalidad.
Decretos legislativos 1289, 1302, 1303, 1305, 1306, 1346
El congresista fujimorista Segundo Tapia, observó la exposición de la ministra de Salud, Patricia García, y aclaró que el Congreso no dio facultades para legislar en salud. «Señor presidente, me sorprende que el Poder Ejecutivo hable de varios decretos legislativos y sobre un nuevo organigrama del Ministerio de Salud, cuando el Parlamento no ha autorizado dar facultades en esa materia», expresó en el seno de la Comisión.
Como se aprecia, el reproche es que el Ejecutivo no estaba autorizado para legislar en materia de salud, sin embargo, la titular de la cartera Patricia García señaló que no habían excedido las facultades, pues estas contemplaban la posibilidad de optimizar en favor del ciudadano los servicios que prestan las entidades públicas. Una de las medidas más cuestionadas es la disposición que autoriza que el INEN dependa del Ministerio de Salud.
Decretos legislativos 1344 y 13450
Por su parte, el legislador Héctor Becerril Rodríguez (FP), se mostró en desacuerdo con el Decreto Legislativo 1344, sobre los productos farmacéuticos y sanitarios porque, según dijo, no hay control en los “productos cosméticos que se absorben por la piel y hay reacciones bioquímicas haciendo daño a la salud de la población”.
La congresista y vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra, expresó su preocupación sobre los decretos legislativos 1344 y 1345, que transfieren productos dietéticos y cosméticos al control de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y no a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
La parlamentaria consideró que optimizar los procedimientos para la comercialización de los productos farmacéuticos no es cambiar o transferir a su vez las competencias para el control y vigilancia sanitaria a la DIGESA, porque ya tiene otras competencias encargadas y no cuenta ni con el personal, ni con la experiencia para resguardar la salud de los peruanos. Tachó de inconstitucionales dichas normas por vulnerar la salud pública, contenida en el artículo 59 de la Constitución.
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Decreto Legislativo 1267
El fujimorista Octavio Salazar criticó el Decreto Legislativo 1267, que, en sus palabras, constituye un «golpe de Estado a la Policía Nacional del Perú», porque la subordina a los civiles. Asimismo, añadió que «esta nueva causal de pase a retiro de ‘manera excepcional’ a oficiales y suboficiales vulnera los derechos laboral de la Policía». El legislador indicó que este decreto sería inconstitucional porque le ha quitado competencias al director de la PNP y lo ha convertido en un cargo burocrático, pues sus funciones han sido pasadas al Ministerio del Interior.
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Decreto Legislativo 1246
El Decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa también fue tachado de inconstitucional. La congresista Marisa Glave manifestó que atentaría contra los derechos laborales, al no poder ahora inscribir los contratos laborales de plazos fijos.
Decreto Legislativo 1323
Juan Carlos Gonzales Ardiles, congresista fujimorista, criticó y propuso la derogación del Decreto Legislativo 1323, que incluye las categorías de orientación sexual e identidad de género en el delito de discriminación del Código Penal. «Estos temas deben ser debatidos por el Congreso. Por eso pido al Ejecutivo que derogue este decreto», señaló.
Decreto Legislativo 1326
Otro dispositivo que no ha pasado desapercibido por la Comisión de Constitución es el que crea la Procuraduría General del Estado. Úrsula Letona, quien encabezará el grupo de trabajo que revisará cada uno de los decretos, ha afirmado que esta norma «ha sido un maquillaje». Señaló que el Gobierno pudo, en vez de mantener la facultad de elegir al procurador general, encargar el proceso al CNM o formar una comisión que determine la idoneidad de un procurador independiente. «Han preferido mantener el mismo esquema en el que al procurador se le designa a dedo», dijo a El Comercio.
