El profesor Fernando de Trazegnies Granda, hombre culto y uno de los más grandes juristas peruanos, ha apuntado la importancia del latín en el mundo forense.
El latín en el derecho
Es verdad que en otros tiempos el latín fue mucho más importante que hoy para los abogados. En la medida de que el derecho aplicable era el Corpus Iuris Civilis, no cabe duda de que había que aprender latín para poder aprender derecho. Más tarde, los Estados nacionales que comenzaron a esbozarse en la Baja Edad Media y los poderes locales que se oponían a la idea de Imperio, fueron abandonando los cuerpos jurídicos romanos y optando por leyes nacionales o regionales que se expresaban en la lengua romance o germánica del lugar: italiano, francés, castellano, flamenco, etc. Incluso, dentro de esta pugna política contra el Imperio, en muchos lugares de Europa se llegó a prohibir que se citara el derecho romano como vigente, debiendo utilizarse para resolver los conflictos únicamente el derecho promulgado por los reyes y otras autoridades feudales. En estas circunstancias, los juicios comenzaron a llevarse también en la lengua del lugar, abandonando el latín.
Sin embargo, todavía el latín seguía siendo indispensable para los juristas. Los comentaristas y teóricos del derecho seguían escribiendo sus libros en latín; y, consecuentemente, los estudiantes de derecho tenían que saber latín. El derecho romano, si bien ya no estaba vigente oficialmente, se mantuvo en la consciencia jurídica europea como un derecho culto, más académico, con más profundidad, más orgánico, frente a un derecho circunstancial y popular constituido por las esporádicas leyes del momento. Es así como se creó la consciencia de que, pese a los nacionalismos, existía un ius commune, un derecho común a toda Europa que, cuando menos a nivel de principios, estaba por encima –aunque no tuviera validez formal– de los derechos nacionales y locales.
La presencia del latín en el derecho peruano
En el Perú virreinal, el derecho todavía se enseñaba parcialmente en latín, como una secuela anacrónica de la enseñanza medieval del ius commune. Sin embargo, es probable que solo los alumnos más aplicados aprendieran suficiente latín; los otros se contentaban con repetir frases hechas cuyo significado conocían vagamente pero que daban la impresión de una gran cultura jurídica ante los tribunales.
He revisado procesos judiciales de la época del Virreynato y he encontrado en ellos un gran número de citas pretendidamente del derecho romano escritas en un latín macarrónico, con absoluta independencia de las reglas gramaticales latinas. Muchas de esas citas han «macheteado» el latín a tal punto que casi no se comprenden; para saber lo que quisieron decir los litigantes que las usan, es preciso repensarlas desde la perspectiva de quien no tiene idea de lo que está escribiendo: solo así es posible separar palabras que no debían estar unidas, juntar palabras que no debían estar desunidas y recomponer la ortografía hasta encontrar el texto original.
Nada se diga de los casos o declinaciones que son tan importantes en latín porque dan el sentido a la frase y que, sin embargo, no parecían preocupar demasiado a nuestros abogados prácticos virreynales. Todo ello denota que el abogado común en el Virreynato no conocía mucho de latín y repetía la cita que alguna vez había escuchado en la Universidad en forma mecánica, con mala memoria y sin saber si era gramaticalmente correcta.
Pero aun eso desapareció en el siglo XIX. El latín quedó marginado en el cementerio de las lenguas muertas. La enseñanza del latín en los colegios y universidades fue vista como carente de significado práctico. Se llegó a decir que la enseñanza del latín no solo era innecesaria sino incluso perjudicial porque, al recargar la mente del alumno, le mina la inteligencia, desalienta los estudios y lleva a que muchos abandonen totalmente el colegio.
Y, sin embargo, los abogados no podemos desentendernos fácilmente del latín: a cada instante nos vemos obligados a usar el latín para expresarnos.
El imperio del latín en el derecho anglosajón
Paradójicamente, es en los países de common law –y, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica– donde el uso por los juristas de palabras en latín es más frecuente; incluso más que en los países cuyo sistema jurídico es una herencia directa del derecho romano.
Expresiones como certiorari, ratio decidendi, stare decisis, obiter dictum, forman parte del lenguaje común del abogado norteamericano y las va a tener que encontrar todo abogado peruano que quiera ejercer en asuntos que superan la frontera del Perú. En los Estados Unidos, a ciertos mandatos de ejecución de sentencia dirigidos al «sheriff» o jefe policía se les llama usualmente scire facias, es decir, «hagas saber que…»; la orden de comparecencia se llama oficialmente venire facias, o sea, «hagas venir»; los actos de los órganos de gobierno de una empresa que exceden su poder, se llaman ultra vires, esto es, «más allá de sus fuerzas»; una póliza de seguros de amplia cobertura se le dice «umbrella policy» o «póliza sombrilla».
Y en el mundo anglosajón no solo se usa el latín para la terminología directamente jurídica sino también se emplean palabras latinas a lo largo del escrito o del discurso jurídico con el objeto de darle más elegancia. Así, por ejemplo, en los informes ante las cortes en los Estados Unidos se utiliza scilicet en el sentido de «Es claro que…», con lo cual se inicia el desarrollo de un argumento más preciso. O también se habla de una «scintilla of evidence» o «chispa de evidencia» para significar un atisbo de prueba. De manera que, no son solamente los idiomas latinos los que han recibido la influencia del latín, sino que también la latinidad ha invadido el inglés jurídico.
Es importante hacer notar que gran parte de las palabras más modernas y más técnicas del inglés, aquellas vinculadas con la informática, derivan antes del latín que de las raíces lingüísticas germánicas. Por ejemplo, la palabra «computadora», que viene del inglés «computer», es en realidad una derivación del verbo latino computare, que significa «contar» o «calcular».
La palabra inglesa «delete» –que significa borrar lo escrito en la computadora– ha dado origen en castellano a un verbo espúreo que es «deletear». Sin embargo, una vez más, esto no es una forma de colonialismo cultural sajón como algún paranoico antinorteamericano pudiera creer, sino que, por el contrario, es el resultado del imperialismo cultural del latín sobre el inglés: «delete» viene del verbo latino delere, que significa precisamente borrar. Todos recordamos la famosa frase de Catón en el Senado romano al declarar la guerra a Cartago: Delenda est Cartago!, es decir, «¡Hay que borrar a Cartago del mapa!» Y la palabra inglesa «delete» evoca su origen latino al escribirse exactamente igual que la expresión romana Delete!, que es la segunda persona del imperativo del verbo borrar: «¡Borra!»
El latín concentra la sabiduría jurídica
El derecho peruano –al igual que los derechos latinoamericanos y los europeos continentales– utiliza ciertamente palabras latinas para designar algunas instituciones y situaciones. Todos los abogados conocemos lo que significa res iudicata (cosa juzgada), onus probandi (carga de la prueba), presunción iuris tantum (en la medida que se tenga derecho, es decir, que admite prueba en contrario), presunción iuris et de iure (de derecho y sobre derecho, esto es, que no admite prueba en contrario), y tantas otras.
Además, es frecuente que recurramos a adagios. Durante siglos, comenzando con el período clásico de Roma, luego el Imperio, más tarde Justiniano y los juristas orientales en Constantinopla y, particularmente, en la Edad Media, se han venido acuñando miles de adagios que resumen y concentran la sabiduría jurídica. Y a cada instante, en el ejercicio de la profesión, tropezamos con estas frases latinas que nos ayudan a expresar mejor nuestras ideas.
