La Contraloría General identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF) adjudicó la buena pro de la contratación internacional 006-2025-IN-OGAF a un postor cuya oferta no cumpliría con las condiciones técnicas establecidas en las bases. El órgano de control precisó que, de concretarse la adquisición, existe el riesgo de incorporar un avión que no cumple con la condición de nuevo ni con las características requeridas para el cumplimiento de los fines operativos.
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El informe señala que la OGAF seleccionó una propuesta que no se ajustaría a los criterios previstos para aeronaves «Nuevo de Fábrica (NF)» o «Nuevo de Stock (NS)», exigencia incorporada en el numeral 6.1 de las especificaciones técnicas. Según el documento, esta situación «limitaría el cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, además de afectar la imparcialidad y transparencia del procedimiento del procedimiento de selección».
De acuerdo con la información publicada por La República, la aeronave seleccionada corresponde al modelo Antonov AN-74 ofertado por la empresa Aero Express FZE, pese a que la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) había advertido previamente que dicho equipo no cumplía con las condiciones de modernidad y confiabilidad establecidas en la inversión. El medio indicó que la advertencia se formuló antes de que la OGAF otorgara la buena pro el 31 de octubre de 2025.
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La acción de control incluyó la evaluación de un ingeniero aeronáutico, quien revisó la documentación presentada por el postor adjudicado. El especialista concluyó, según el informe, que la oferta «no cumple con la condición de nuevo (NF o NS), ni con los criterios de modernidad, confiabilidad y proyección operativa», corroborando las observaciones emitidas por el área técnica de la DIRAVPOL durante el proceso.
La Contraloría también reportó que el Mininter recibió otras propuestas de fabricantes internacionales, pero la OGAF mantuvo su decisión pese a que las observaciones técnicas fueron comunicadas el 29 de octubre, dos días antes de la adjudicación. El documento sostiene que esta actuación genera un riesgo para la transparencia del procedimiento, toda vez que las características de la aeronave ofertada no se corresponden con las especificaciones definidas por la unidad usuaria.
El informe fue remitido al titular del Ministerio del Interior, quien cuenta con un plazo de cinco días hábiles para comunicar a la Contraloría las medidas preventivas o correctivas que se adoptarán frente a las irregularidades detectadas.
