La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) emitió un pronunciamiento en el que denuncia un patrón de interferencia institucional por parte de la Junta Nacional de Justicia en procesos judiciales, a raíz de su actuación en el caso del juez Juan Fidel Torres Tasso y de la fiscal suprema Delia Espinoza.
Jusdem sostiene que la JNJ habría usado de forma indebida mecanismos legales —como un proceso competencial— para evitar el cumplimiento de la resolución que ordenó la reposición de Espinoza como fiscal de la Nación. Según la asociación, esta actuación vulnera la independencia judicial, la separación de poderes y contraviene el artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe interferencias en procesos judiciales en trámite.
Asimismo, la organización advierte que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que incluiría denuncias penales, procesos disciplinarios y otros mecanismos destinados a generar presión sobre jueces y fiscales, aplicados —afirman— de manera selectiva.
Jusdem alerta sobre un riesgo de quiebre del orden democrático constitucional y exige al Tribunal Constitucional frenar la interferencia de entidades estatales en decisiones judiciales. También anuncia que acudirá a instancias internacionales si persiste esta situación.
JUSDEM
PRONUNCIAMIENTO N.º 21-CD-JUSDEM-2025
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia JUSDEM, en ejercicio de la facultad de expresarnos en defensa del Estado Constitucional de Derecho, ante la reciente actuación de la Junta Nacional de Justicia contra el juez Juan Fidel Torres Tasso y en el caso de la demanda de amparo interpuesta por Fiscal Suprema Delia Espinoza.
expresamos lo siguiente:
Denunciamos el uso sistemático e indebido de mecanismos legales para obstaculizar, desconocer o neutralizar decisiones judiciales, como ocurre contra la resolución emitida por el gno Juzgado Constitucional de Lima que ordenó la reposición de la fiscal suprema Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación (medida cautelar que ha sido impugnada y se encuentra pendiente de revisión ante la Sala Superior Constitucional).
Advertimos que, la JNJ incurre en violación directa de los principios de independencia judicial y separación de poderes, pues interpone un proceso competencial con el fin de evitar el cumplimiento de dicha decisión, interfiriendo arbitrariamente en un proceso judicial en trámite a pesar que lo prohibe el articulo 139.2 de la Constitución. Nótese que indebidamente hace uso de una via diseñada exclusivamente para resolver conflictos de atribuciones entre entes estatales derivados de actos administrativos-conforme al artículo 112 del Código Procesal Constitucional-, convirtiéndola inconstitucionalmente en una herramienta para anular resoluciones judiciales, vaciando de contenido aquellas que no le son favorables, sin esperar que se resuelva su apelación interpuesta.
Alertamos a la ciudadanía de que estas actuaciones no constituyen hechos aislados, sino la expresión de un patrón estructural de interferencia y presión hacia la Judicatura y el Ministerio Público y que ya debe terminar. En efecto, la interposición de denuncias penales, procedimientos disciplinarios, demandas competenciales y otras, tienen como fin intimidar el ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal.
Resaltamos, además, que este patrón se utiliza de manera selectiva, sólo en determinados casos como el que involucra a la fiscal suprema Delia Espinoza y al juez Torres Tasso- recurriendo a herramientas excepcionales para impedir o cuestionar la ejecución de decisiones independientes. Es más, su actuación de oficio en favor de algunas autoridades, como la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, demuestra el uso desigual e interesado de las herramientas legales con fines de copamiento institucional
Precisamos que la JNJ, aunque órgano constitucional autónomo, está sujeta al control constitucional cuando se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales. Su autonomia no implica inmunidad frente a las decisiones judiciales ni puede utilizarse para evadir procesos de amparo o para reclamar privilegios procesales que no tienen el resto de litigantes, como es el uso indebido del proceso competencial cual si fuera un medio impugnatorio más. En un Estado democrático, ningún órgano se encuentra excluido del control jurisdiccional por lo que exigimos a la JNJ el debido respeto por la actuación del juez Juan Torres Tasso y pedimos al Tribunal Constitucional terminar con esa práctica de interferir los procesos judiciales cuando a algún ente estatal no le agrada un fallo judicial y no desea esperar el decurso de una apelación.
Advertimos con especial preocupación que la JNJ viene situándose en una posición de juez y parte, excediendo sus competencias al intentar supervisar, y deslegitimar decisiones judiciales. Tal actuación afecta de manera directa los valores democráticos y debilita la autonomía institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Lamentamos que la suma de estas actuaciones -indebidas, selectivas y orientadas a influir en decisiones jurisdiccionales- configura un quiebre del orden democrático constitucional; y es que, cuando los mecanismos legales dejan de ser garantias y se transforman en instrumentos para perseguir o proteger intereses coyunturales, se destruye la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho.
Demandamos que toda controversia institucional se tramite con estricto respeto a los limites constitucionales y al principio de Corrección Funcional evitando la instrumentalización del derecho como mecanismo de presión o interferencia sobre decisiones jurisdiccionales y la afectación del ejercicio legítimo de la función judicial y fiscal. Anunciamos, que en este contexto de progresivo deterioro institucional, acudiremos de ser necesario a las vías internacionales de protección de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática, conforme a los estándares interamericanos y universales.
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM reafirma con firmeza en estos momentos aciagos que vive nuestra patria, su compromiso de defensa del Estado Constitucional de Derecho y de la independencia judicial frente a cualquier forma de interferencia institucional que ponga en riesgo el equilibrio democrático.
Lima, 25 de noviembre de 2025
